El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho que el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, está en una
situación muy comprometida y debe explicar qué informes jurídicos tenía para
autorizar el uso del sistema SITEL o dejar su escaño en el Congreso.
En
declaraciones a la cadena Cope recogidas por Efe, González Pons ha recordado que
Alonso era ministro del Interior en 2004, cuando empezó a utilizarse SITEL, un
sistema que registra toda clase de datos de la persona que está siendo
investigada, así como de las personas que entren en contacto telefónico con
ella.
Ha dicho que, cuando llegó al Ministerio, Alonso se encontró con hasta
22 informes jurídicos que decían que SITEL no se podía utilizar sin una ley
orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones y que, pese a ello,
lo puso en funcionamiento.
"Todas las escuchas telefónicas en España se hacen
con SITEL", ha reiterado el dirigente del PP quien lo ha definido como "un
sistema ilegal de escuchas que utiliza la Policía" y que da información sobre el
lugar donde se encuentran los interlocutores, sus conversaciones o mensajes de
texto, además de sus perfiles psicológicos o biográficos.
Además, ha
denunciado que los discos duros donde se almacena toda la información obtenida
con SITEL "no están ni sellados digitalmente ni avalados por una entidad
certificadora para evitar su manipulación".
Tras hacer hincapié en que si no
hay una ley orgánica que lo ampare, el sistema "es ilegal" y que los jueces "no
saben que existe" ni que, además de la escucha, la Policía "está obteniendo
muchísima información adicional" que no se les traslada, ha considerado que
debería estar administrado por jueces y no por el Ministerio del Interior y la
Policía.
El portavoz del PP ha recordado que su grupo ha presentado una
proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a elaborar una ley orgánica
que regule las escuchas telefónicas y ha advertido de que si no lo hace
"tendremos que ir a los tribunales".
González Pons ha señalado que son
"cientos" los procesos penales que "podrían resultar nulos" en los últimos seis
años por este asunto y ha dicho que no sería responsabilidad suya, por ser quien
lo denuncia, "sino de los ministros del Interior que lo han consentido".