IRREGULARIDADES
López Garrido se niega a dimitir tras ser imputado por prevaricación
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, ha asegurado que no piensa dimitir tras su imputación por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por las subvenciones concedidas a la Fundación Alternativas porque estas ayudas fueron asignadas de acuerdo con la ley.
En rueda de prensa en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, López Garrido ha aclarado que las dos subvenciones a esta fundación por las que el centro jurídico Tomás Moro se querelló contra él se adjudicaron cuando ya no formaba parte del patronato de la Fundación Alternativas, un cargo que dejó pocos días después de ser nombrado secretario de Estado, en abril de 2008. "Cuando se aplica y se cumple la ley estrictamente no hay razones para tomar una decisión de este tipo", ha contestado cuando los periodistas le han planteado la posibilidad de dimitir.
Se ha mostrado convencido de que la querella hoy admitida a trámite por el juez "no tiene ningún fundamento ni la más mínima base legal" y ha garantizado su plena disposición a colaborar con la Justicia para esclarecer este asunto.
En un auto notificado hoy, el titular del Juzgado de Instrucción
número 4 de Madrid señala que la querella reúne los requisitos formales para ser
admitida a trámite, ya que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de
delito, y cita a López Garrido para que preste declaración como imputado el
próximo 4 de diciembre.
La querella fue interpuesta por el Centro Jurídico
Tomás Moro, que en su página web declara como objetivo "la defensa de los
valores de la Familia, de la Vida y de la Libertad de los padres para elegir la
Educación que desean para sus hijos" y que se ha personado en varias causas
contra clínicas abortistas.
Los querellantes aseguran que el secretario de
Estado concedió ayudas por importe de 60.000 euros y 18.000 euros a la Fundación
Alternativas -próxima al PSOE y de la que fue patrono- y dicen que su actuación
supone un conflicto con las reglas del Código de Buen Gobierno y una
conculcación de las normas sobre incompatibilidades de los funcionarios de la
Administración Pública.