FRAUDE
El Supremo fija que sólo Caja Madrid pagará parcialmente el agujero de Gescartera
El Tribunal Supremo ha anulado la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa
por el agujero de Gescartera y ha limitado el importe que Caja Madrid deberá
pagar a los clientes de la agencia de valores, intervenida en junio de 2001, que
no alcanzará los 88 millones de euros fijados inicialmente.
La Sala de lo
Penal ha mantenido las penas de prisión que la Audiencia Nacional había dictado
para los principales responsables de la agencia, entre ellos su propietario,
Antonio Camacho, la ex presidenta Pilar Giménez-Reyna y el director general José
María Ruiz de la Serna, aunque ha absuelto a cuatro de los ocho
condenados.
Así, se confirma la pena de 11 años de prisión para Camacho por
apropiación indebida y falsedad documental, por encima de los 10 años y medio
asignados a Ruiz de la Serna por los mismos delitos, mientras que Giménez-Reyna
ve confirmada su condena a 3 años y 6 meses de cárcel.
Entre los absueltos
figuran los dos empleados de La Caixa José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats,
lo que ha sido determinante para excluir la responsabilidad de la entidad
catalana, que había sido condenada junto a Caja Madrid al pago de 87,99 millones
a los clientes de la sociedad.
El Supremo entiende que el certificado que
expidieron sobre los fondos de Gescartera -que según la Audiencia Nacional
contribuyó a equivocar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-
"tiene algo de equívoco" pero "no realmente por lo que dice, sino por lo que
pudiera sugerir". No obstante, afirma que los empleados de La Caixa operaron
"desde afuera", "sin realizar, por tanto, una contribución consciente al plan de
Camacho, que desconocían".
Respecto a Caja Madrid, el Supremo acoge
parcialmente sus quejas al establecer que sólo responderá por lo "ilegítimamente
distraído" de sus cuentas durante el tiempo en que operó como depositaria de
Gescartera, es decir, desde noviembre de 1999.
El Supremo explica que Caja
Madrid Bolsa "apareció en la secuencia de actuaciones de Gescartera bastante
tiempo después" de que empezara a operar la sociedad (1992), por lo que entiende
que no se le puede imputar "la totalidad" de los perjuicios causados a los
clientes.
No obstante, el tribunal mantiene que la caja madrileña vulneró la
legislación vigente sobre apertura de cuentas y gestión individualizada de las
carteras, lo que "favoreció objetivamente la estrategia delictiva de los
responsables" de la agencia de valores. El Supremo también muestra su
extrañeza por que la Audiencia Nacional no investigara las causas por las que la
CNMV no intervino antes Gescartera.
De hecho, afirma que la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna (hermana
del entonces secretario de Estado de Hacienda) contribuyó "a tratar de
desactivar las iniciativas inspectoras de la CNMV, poniendo en juego sus
influencias familiares, con indudable eficacia". "Este dato, como otros -de
difícil comprensión y, sorprendentemente, sin consecuencias- relativos a las
actuaciones de la CNMV que salpican la sentencia, habrían merecido ser
investigados", añade la sentencia.
El Supremo arremete contra los máximos
responsables de Gescartera pero especialmente contra su presidenta al afirmar
que los apuntes de su dietario demuestran "de manera incontestable" no tuvo un
papel "decorativo" y que "conocía (no menos que su hermano), desde dentro y con
evidente implicación, las circunstancias de Gescartera".
También sostiene que
si siguió invirtiendo su dinero y el de su familia en la empresa se debió a la
"confianza en que el 'statu quo' y la operativa de Gescartera se iba a mantener
en sus términos, a pesar de los pesares, y merced a una diversidad de
influencias y de poderosos esfuerzos en esa dirección, como los que ella misma
promovió y documentó".
Así, confirma su pena (3 años y 6 meses de prisión por
complicidad en apropiación indebida) al entender que "desde su posición
privilegiada en el organigrama de la entidad, conociendo como conocía las
particularidades del modo de operar con sus significativos elementos de
irregularidad criminalmente relevantes, tendría que haber tratado, ya que no de
impedirlas, pues no estaría a su alcance, pero sí de obstaculizarlas o
cuestionarlas".
En cuanto a Camacho, rechaza todos sus argumentos y deja
claro que fue el "ideador y director del entramado" de Gescartera y principal
beneficiario de su despatrimonialización. Sobre Ruiz de la Serna, también
afirma que "era perfecto conocedor del modo de operar de Gescartera, en el que
estaba implicado a muy alto nivel".