El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley que crea para los autónomos un
sistema específico de protección por cese de actividad involuntaria y que
beneficiará, según los cálculos del Ejecutivo, a un millón de
emprendedores. El texto será ahora enviado al Consejo Económico y Social
(CES) para que emita su dictamen y se pueda iniciar así su tramitación
parlamentaria.
El Gobierno ha optado por la creación de un sistema mixto, que
combina la obligatoriedad para algunos autónomos y la voluntariedad para
otros. Es obligatorio para los emprendedores que necesariamente tienen que
cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y que actualmente son
los autónomos económicamente dependientes (al menos el 75% de sus ingresos
vienen de un mismo cliente) y los que estén en actividades con un mayor riesgo
de siniestralidad.
Este colectivo asciende a 539.338 personas, entre los que
se incluye a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario. "Pero pronto
serán cerca de un millón" porque se tienen que desarrollar más contratos de los
económicamente dependientes y se deben establecer cuáles son esas actividades
que suponen un mayor riesgo, como son construcción o transporte, precisó en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la Vega.
El sistema es voluntario para los
autónomos que no cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y que cambien de opinión.
En todos los casos -obligatorios y voluntarios-
para cobrar la protección habrá que haber cotizado por esas dos contingencias
durante al menos doce meses continuados antes del cierre involuntario del
negocio. Si la cotización ha sido de 12 a 17 meses la prestación se cobrará
durante 2 meses, si ha sido de entre 18 y 23 meses se recibirá durante 3.
Una
cotización de entre 24 a 29 meses generará una prestación de 4 meses, mientras
que de 30 a 35 meses será de 5 meses y de 30 o más permitirá cobrar durante
medio año, que es el tope según la normativa.
En los casos de los autónomos
de entre 60 a 64 años la duración será mayor: de 3 meses para los que coticen
entre 12 y 17 meses, de 4 meses para los que lo hagan entre 18 y 23, de 6 meses
para pagos de entre 24 a 29 meses, de 8 meses si está comprendida entre 30 y 35
meses y de 9 meses si llega a 36 meses o más.
La cuantía del subsidio durante
todo el período de disfrute será del 70% de la base por la que se cotizaba
durante los doce meses anteriores al cierre. Si se tiene en cuenta la base
mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (833,40 euros mensuales
para 2009) la prestación alcanzaría los 583,38 euros; mientras que la máxima
podría llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos.
Dado que
en los primeros doce meses no existe gasto en prestación, la norma establece un
tipo de cotización para los autónomos del 1,5% de la base, al que hay que
aplicar una reducción del 0,5% en la cotización por la cobertura de incapacidad
temporal, sobre la base mínima de 833,40 euros.
Esto supone que la cotización
mínima sería de 12,5 euros mensuales, sin aplicar la reducción del 0,5%, y de
8,33 con la reducción, de acuerdo con el anteproyecto.
Para De la Vega la
aprobación del anteproyecto supone un "antes y un después" en la protección de
los autónomos y da respuesta a una reivindicación "histórica" del
colectivo.
Desde las organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y OPA, consideran
acertada la propuesta del Ejecutivo, pero creen que es insuficiente y esperan
que en el trámite parlamentario se amplíe el tiempo de cobro. También
coincide CiU en que debe incrementarse el período de disfrute, así como su
cuantía, por lo que anuncia que presentará una batería de enmiendas para mejorar
el texto.
Desde UGT, su secretario general, Cándido Méndez, señaló que la
aprobación de la prestación por desempleo para los autónomos es "un gran paso",
aunque insuficiente, porque queda mucho para que tengan los mismos derechos que
los trabajadores por cuenta ajena.