La defensa de los congoleses Germain Katanga y Mahieu Ngudjolo Chui en la primera vista del juicio que se sigue en la Corte Penal Internacional (CPI), en la Haya (Holanda), reconoció hoy la comisión de crímenes en la localidad de Bogoro, al este de la República Democrática de Congo (RDC), pero negó la responsabilidad de sus clientes en los hechos.
"No hay duda de que el 24 de febrero de 2003 se cometieron excesos en Bogoro", dijo el abogado David Hooper durante la primera vista del juicio contra Katanga, comandante de las Fuerzas Patrióticas de Resistencia (FPRI) en el territorio de Ituri, y Chui, antiguo líder miliciano. "Negar lo que ocurrió sería un insulto a la moralidad, la razón y la decencia", reincidió, al respecto, el abogado de Chui.
Sin embargo, los letrados precisaron que ninguno de sus defendidos "perpetró" los crímenes, ni tampoco los planeó, tal y como mantiene la Fiscalía, y que los enfrentamientos de la etnia "Lendu" contra los "Hema" respondían a una reacción de autodefensa.
"Rebatiremos todas las pruebas", dijo Hooper, que no quiso adelantar la estrategia de la defensa, "porque todavía no es el momento, ya que ahora es el turno de la Fiscalía para presentar su caso".
Por su parte, el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, describió el horror de los ataques presuntamente perpetrados en Bogoro, donde mantuvo que las milicias de Katanga y Chui planearon los ataques de forma intencionada y premeditada.
"El ataque se produjo en oleadas de violencia (...) no se distinguieron entre objetivos militares y civiles, y se quemó a gente viva en sus casas", dijo Moreno Ocampo en sus alegatos iniciales.
Según el fiscal, los acusados tenían la intención de "destruir completamente el pueblo" de Bogoro, donde la mayoría de la población es de la etnia "Hema".
El fiscal argentino citó declaraciones de dos niños soldado que participaron en ese ataque, el 24 de febrero de 2003, en las que los menores describieron cómo "no tuvimos el coraje de matar a una mujer que nos dijo que podía ser nuestra madre (...), pero luego la encontramos muerta, desnuda, con las piernas abiertas (...) y vimos cómo los comandantes eran felicitados por el trabajo hecho".
El fiscal dijo que su equipo "quiere hacer justicia a las víctimas de Bogoro" y "que no se ignoren nunca más a las víctimas de crímenes masivos". Los representantes de las víctimas resaltaron la importancia de este juicio para sus representados, en su mayoría antiguos niños soldado, los cuales "han tenido que esperar seis años para que se haga justicia", dijo el letrado Jean-Louis Gilissen.
También en nombre de las víctimas, el abogado Fidel Nsita Luvengika, indicó que sus representados "lamentan que este juicio se tenga que celebrar tan lejos del lugar donde se perpetraron los hechos", pero "que confían en la justicia" de este tribunal.
Los acusados se declararon "no culpables" de todos los cargos que se les imputan, entre ellos el asesinato de doscientos civiles. Negaron su culpabilidad en los diez cargos de los que se le acusa, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, violación de mujeres, destrucción, pillaje y esclavitud sexual.
Para los fiscales, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, más de 8.000 civiles murieron y más de medio millón de personas se vieron forzadas a dejar sus viviendas en Ituri por el conflicto en esa región, donde están enfrentadas las etnias "Hema" y "Lendu".