El juicio por el asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, ha concluido con
una declaración final del único acusado, el guarda forestal Santiago Mainar,
quien ha defendido su inocencia, ha reclamado Justicia y ha dicho que prefiere
que le acusen de dar "muerte a un tirano que de ampararlo políticamente".
El
juicio ha quedado visto para sentencia después de que el Ministerio Fiscal y las
acusaciones particular y popular hayan leído sus conclusiones definitivas, en
las que han mantenido su petición de 21 años de cárcel, por asesinato, atentado
a la autoridad y tenencia ilícita de armas, al entender que las pruebas tienen
la "fuerza" suficiente para solicitar una sentencia condenatoria.
"Yo no he
matado a nadie, pero prefiero que me acusen de darle muerte a un tirano que de
ampararlo políticamente, de resignarme como ciudadano", ha dicho Mainar, tras
darle la palabra el tribunal, ante el que ha dicho que sus declaraciones a la
Guardia Civil son ciertas, como el pacto al que llegó con ellos para
inculparse.
Ha recalcado en su intervención, de poco más de cinco minutos,
que él no huye de la Justicia, sino que lleva años reclamándola, y ha calificado
a Grima como un "oportunista", a quien "la impunidad otorgada por la falta de
control del Estado, convirtió en arrogante y despótico".
Su deber era y es
enfrentarse "con valor cívico a esa España oficial y caciquil, impune y
autoritaria", que "utiliza el miedo como herramienta de poder", ha enfatizado en
la sala.
El fiscal, en su conclusión final, ha valorado la declaración
autoinculpatoria ante la Guardia Civil como una prueba "fiable y valorable", ya
que se hizo con todas las garantías, en presencia del letrado y del secretario
judicial, y merece toda la credibilidad, ya que ha quedado demostrado, con otras
pruebas aportadas durante el proceso, que "lo que allí se decía era la
verdad".
Ha hecho hincapié en que Mainar mantuvo dicha versión y fue
coherente durante toda la declaración y dio datos concretos que sólo podía saber
el autor de los hechos, ha recalcado el fiscal, al tiempo que ha señalado que
las dudas mostradas en alguna ocasión incluso "acreditan su sinceridad".
Para
el fiscal Felipe Zazurca, otras pruebas confirman su posible implicación, como
la existencia de restos orgánicos del acusado en el coche del edil asesinado,
una prueba "apabullante", la presencia de restos de disparo en su mano izquierda
y que a pesar de sus cataratas podía reconocer perfectamente el coche del
alcalde y a su persona.
Las explicaciones de los criminólogos aportados por
la defensa demuestran "su falta de seriedad", ha añadido el fiscal, quien
tampoco ha dado credibilidad al testimonio del médico vasco Iñaki Bidegaín,
única persona que supuestamente vio al asesino minutos después de que se
produjera el crimen y que dijo no era Mainar.
La defensa del guarda forestal,
que ha representado el letrado Marcos García Montes, ha pedido la libre
absolución, porque "en absoluto" se desprende de la investigación que Mainar
fuera el autor del asesinato, y ha relatado las diferentes irregulares que a lo
largo del proceso se han cometido, en su opinión, desde la forma de llamar al
abogado que estuvo presente en la declaración hasta la manera en que se
recogieron las muestras de restos orgánicos.
Por su parte, Enrique Trebolle,
letrado de la familia de Grima, se ha mostrado de acuerdo con el fiscal y ha
reiterado que Mainar ofreció en su declaración inculpatoria datos muy
determinados que sólo podría conocer el autor de los hechos.
Este letrado ha
solicitado una indemnización de 300.000 euros, 216.000 para la viuda y 42.000
para cada una de sus hermanas, y ha explicado que aunque "la vida humana no
tiene precio" y el dolor sufrido por su pérdida es "impagable" era su deber
solicitarla, al tiempo que ha recalcado que la familia de la víctima en ningún
momento quiso venganza, sino Justicia y que se supiera la verdad.
La
acusación popular, que en nombre del PP ha llevado a cabo el abogado José María
Viladés, ha explicado que el partido, por el que Grima concurrió a las
elecciones municipales, pretendía que quedara claro que el edil, con sus normas
y actuaciones, buscaba el bien del pueblo, algo que iba frontalmente en contra
de los intereses de terceras personas que sólo iban a Fago los fines de semana,
y que no era un tirano ni un reyezuelo.