La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna medida cautelar para las
esposas de los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià
Alavedra y Lluis Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, acusadas de un delito
de blanqueo de capitales en la supuesta trama de corrupción denominada
"Pretoria".
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que el
fiscal Luis Pastor no ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón que adopte ningún tipo de medida preventiva contra Malfeito y Mas, cuyos
interrogatorios han comenzado pasada la una de la tarde y han durado poco más de
media hora.
Malfeito figura como imputada en la causa desde el pasado 30 de
octubre, fecha en la que el juez ordenó el ingreso en prisión incondicional de
su marido; mientras que Mas lo es desde ayer por haber ayudado supuestamente a
su esposo "en la actividad destinada a purificar los beneficios de las
actividades presuntamente ilícitas de aquél".
Según el auto, Lluïsa Mas
también ha sido administradora de Poliafers S.L., "a través de la cual se
canalizaron algunas de las comisiones cobradas" por Prenafeta.
Las fuentes
consultadas han indicado que los interrogatorios han sido tan breves pues el
juez les ha preguntado sobre "tres cuestiones" concretas. Ambas imputadas, a
las que representa el letrado de sus esposos, Juan Córdoba, han llegado por
separado a la sede de la Audiencia Nacional y al término de sus declaraciones la
han abandonado entre una multitud de periodistas. Mas ha dejado el tribunal
bastante entera, pero no así Malfeito, que ha salido visiblemente afectada e
intentando ocultar su rostro.
El juez continuará los interrogatorios de los
nuevos imputados esta tarde, cuando tiene previsto tomar declaración a partir de
las 17:00 horas al ex edil de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan
Metropolitano de Barcelona Genís Carbó, al administrador de Renticost Serveis,
Manuel Valera; y al arquitecto municipal de Santa Coloma Lluis Falcón.
En el
auto, el juez dice que Genís Carbó, imputado por cohecho, "habría recibido el
pago de 244.000 euros de Niesma Corporació por dar, a través de su empresa -GBC
Assessorament Urbanistic y Projectes- cobertura legal a las posibles influencias
favorables por los cargos ocupados en el periodo de la modificación del plan
urbanístico" que afectaba a las fincas propiedad de Niesma.
Garzón imputa los
delitos de asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales a Lluis Falcón, que
habría participado en la "operación Pallaresa" desarrollada en Santa Coloma
"realizando determinadas actividades y adoptando decisiones que propiciarían su
ejecución".
De Valera, el juez dice en el auto en el que el pasado 30 de
octubre ordenó el ingreso en prisión de cinco de los nueve primeros imputados y
la libertad bajo fianza de los otros cuatro, que "era en realidad una persona
interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García" (el ex
diputado del PSC y presunto cerebro de la trama).
Además aparecía como
administrador de Renticost Serveis S.L., que en diciembre de 2005 recibió una
transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y
controlada por García.
Mañana, el juez interrogará al ex concejal socialista
de San Andrés de Llavaneres, Antoni Jiménez; al ex alcalde de esta ciudad Víctor
Ros (PP); al consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido; y
al ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas.
También tiene
previsto tomar declaración mañana a la madre del ex alcalde de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz, Josefina Calvet, aunque su defensa ha
presentado hoy varios informes médicos que acreditan que padece alzheimer y que
no puede prestar declaración.