La Fiscalía ve indicios de "prevaricación" en las irregularidades por filtraciones en las oposiciones de la Xunta
La Fiscalía de área de Santiago de Compostela presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción decano de Santiago en relación a las filtraciones ocurridas en unas oposiciones de acceso a la Xunta, considerando que pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación del artículo 418 del Código Penal, relativo a la obtención de información privilegiada por particulares.
La investigación hace referencia a las filtraciones registradas en unas pruebas de acceso al cuerpo administrativo de la Xunta (C1) y al primer examen de auxiliar administrativo (C2), en las que tres hermanos figuraron entre los cinco mejor clasificados. Según informa la Fiscalía, la instrucción judicial abierta busca determinar los medios o personas que permitieron la obtención de un secreto, "en todo case sen participación de quen integraba os mencionados tribunais".
La información que recoge el órgano fiscal presta atención al hecho de que todos los querellados obtuvieron notas muy elevadas en comparación con el resto de concurrentes en ambos procesos selectivos, dándose la circunstancia de que todos ellos fallaron las mismas preguntas en la convocatoria para el proceso C1: las números 25, 32, 43 y 52.
Asimismo, en el proceso C2 fallaron las preguntas números 30 y 71, fallando cuatro de ellos --los tres hermanos y otra persona más-- la pregunta número 60 y dejando en blanco la número 77.
Ante estos hechos, y vista la duplicidad de exámenes y de tribunales, así como la práctida identidad de puntuaciones, se entiende que los querellados lograron obtener el texto de ambos exámenes y el de las plantillas de respuestas con anterioridad a la práctica de los ejercicios. Dichos textos constituyen un secreto, por lo que la investigación tratará de determinar el modo de conseguirlos.
MULTA O HASTA SEIS AÑOS DE PRISIÓN
El artículo 418 del Código Penal vigente recoge que "el particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado". En caso de que el daño resultara grave para la causa pública o para un tercero, la pena será de prisión de uno a seis años.