El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decretado prisión preventiva
eludible bajo una fianza de 100.000 euros a pagar en un plazo de 24 horas para
el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, condenado a 4 años y
medio de cárcel en una pieza separada del caso "Son Oms".
El auto del TSJIB,
hecho público hoy a las 15.30 horas y contra el que cabe recurso por un plazo de
tres días, señala asimismo que Vicens, que el pasado viernes dimitió de su
escaño en el Parlament balear tras conocer su condena, esté bajo vigilancia
policial permanente durante las horas acordadas para el abono de la
fianza.
El ex diputado tampoco podrá salir del territorio nacional sin
autorización judicial y deberá comparecer cada quince días en el juzgado
correspondiente a su lugar de residencia.
Vicens ya abonó en noviembre del
pasado año otros 100.000 euros en concepto de fianza por su imputación en otra
pieza del caso Son Oms, que se sumarían a los actuales si finalmente logra
reunir dicha cantidad antes de mañana a las 15.00 horas.
La decisión
judicial, no obstante, está por debajo de las peticiones del fiscal Juan Carrau,
que ha solicitado prisión preventiva, eludible bajo una fianza de 250.000 euros,
al considerar que existe riesgo de fuga del condenado.
El fiscal ha señalado
ante el tribunal que el riesgo se incrementa en este caso porque Vicens está
"pluri-imputado" en varias causas penales. El abogado de Vicens, Eduardo
Valdivia ha apostillado que la fianza de 250.000 es "totalmente ilusoria", ya
que ha asegurado que Vicens no dispone de patrimonio suficiente para hacer
frente a tal desembolso.
En este sentido, ha apuntado que todos los bienes de
Vicens ya se hipotecaron para hacer frente a una fianza de 100.000 euros que se
le solicitó para evitar la prisión por otra pieza separada del caso "Son
Oms".
Valdivia ha negado que exista riesgo de fuga y ha argumentado para
justificarlo que Vicens está arraigado aquí y que tiene vínculos familiares en
esta comunidad, entre otros una hija discapacitada.
Vicens fue condenado el
pasado jueves a cuatro años y medio de prisión y a ocho de inhabilitación
absoluta por malversación de fondos públicos y prevaricación
administrativa.
El TSJIB consideró probado que él había encargado un informe
innecesario y plagiado de internet a su contable por valor de 12.020 euros, que
fueron pagados con fondos públicos con el objeto de agradecerle sus servicios de
contabilidad.