El Parlamento gallego ha transaccionado, en comisión, el dictamen de la ponencia de la nueva ley de cajas, dos nuevas enmiendas en las que se establece un procedimiento de renovación parcial de los actuales órganos de gobierno de las cajas y que la representación de los trabajadores sea proporcional a los votos obtenidos por las candidaturas.
La Cámara gallega aprobó una transacción entre el PPdeG y el BNG que establece un procedimiento de renovación parcial por el que las cajas renovarán el 75 por ciento de los órganos de gobierno en los dos meses siguientes a las aprobación de la ley.
Además, el 25 por ciento restante -que corresponde a la totalidad de los representantes de los trabajadores y el 50 por ciento del cupo de los impositores- continuará en sus puestos un año más.
La segunda de las transacciones aprobadas hace referencia a la elección de los representantes de los empleados y, en ella, se establece que será de forma proporcional a los votos obtenidos en las candidaturas que los empleados de las cajas decidan presentar, explicó el portavoz del grupo parlamentario nacionalista Fernando Blanco.
Por su parte, Blanco reclamó como cuestión fundamental la participación del Parlamento en las asambleas y consejos de administración de las cajas, ya que de esta forma se "llevaría a cabo la representación de todos los ciudadanos".
Indicó que la presencia de la Xunta y del Parlamento "no es sólo politización, lo que tampoco es malo, sino una mayor garantía de que las cajas respondan a su razón de ser y en ella estén representados por primera vez todos los gallegos".
El portavoz del grupo parlamentario de los socialistas de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, explicó que entre las discrepancias que mantiene el PSdeG se encuentra la forma de elección de los representantes de los ayuntamientos en los consejos de administración de las cajas, ya que para el PSdeG la propuesta realizada por el PPdeG y el BNG reducirá a un miembro la presencia de los representantes de los ayuntamientos de Vigo y A Coruña.
Leiceaga también criticó que el PPdeG pretenda reducir a seis meses el proceso de los plazos para la renovación de los estatutos y de los miembros de la dirección de las entidades financieras, por lo que reclamó ampliar el plazo a un año.
También hizo referencia a la necesidad de que la Xunta tenga que autorizar cualquier actuación de la obra social que supere los 500.000 euros y sustituirla por una "comunicación previa" cuando la inversión supere el millón de euros.
Leiceaga calificó esto de "intervencionismo excesivo" ya que permite al Gobierno autonómico decidir "discrecionalmente a qué ayuntamientos permite asignar los acuerdos, en función de su color político".
No obstante, Leiceaga manifestó que el PSdeG mantendrá hasta la celebración del pleno 46 enmiendas para reclamar un "acuerdo global"
sobre estos aspectos.
Por su parte, el portavoz del grupo popular, Pedro Puy, resaltó que la ponencia recoge que la Xunta cuente con los instrumentos necesarios para "supervisar" el conjunto del sistema financiero y "no para mandar" dentro de las cajas.
En relación a las declaraciones realizadas por Leiceaga sobre el control que pueda ejercer la Xunta en las actuaciones de la obra social, Puy afirmó que la única innovación es introducir la capacidad de la Administración autonómica para supervisar los gastos más relevantes, con el fin de "favorecer la transparencia" y la "coordinación" con las políticas sociales.
En cuanto a la reforma de elección de los representantes de los ayuntamientos en los consejos de administración de las cajas, Puy señaló que la intención es que todos los ayuntamientos estén representados mediante sorteo, ya que de otra forma quedaría "siempre fuera la representación de la inmensa mayoría de los ayuntamientos".
El portavoz popular añadió que la presencia local y autonómica "es la misma, el 20 por ciento" y que, por lo tanto, es "mayor que la que inicialmente pedía el PSdeG, de un 17,5 por ciento".