El titular de Fomento, José Blanco, explicó en el Congreso que el nuevo modelo de Aena
separará la gestión aeroportuaria de la navegación aérea y creará "aeropuertos
singulares" que contarán con la participación de comunidades autónomas,
ayuntamientos y Cámaras de Comercio.
Estos aeropuertos, aún por determinar,
serán los que cuenten con mayor volumen de tráfico, especial complejidad de
gestión y viabilidad económico-financiera, y para su gestión se crearán
sociedades filiales.
En estas sociedades, el consejo de administración tendrá
mayoría estatal, con un 51%; otro 39% se repartirá entre comunidades,
ayuntamientos y Cámaras de Comercio y el 10% restante, corresponderá a capital
privado.
Mientras, la nueva sociedad Aeropuertos S.A coordinará a todas las
filiales. Esta sociedad, de titularidad estatal, será controlada por el
Gobierno, si bien será posible la entrada en ella del capital privado, con hasta
un 30% de participación.
En las sociedades filiales, las decisiones se
tomarán por mayoría cualificada cuando se trate de promoción de nuevas rutas,
del plan director del aeropuerto, los presupuestos de explotación y capital, las
estrategias de captación de nuevos clientes, las normas y pliegos de
contratación, los precios privados y públicos y propuestas de tasas, así como
las franjas horarias.
Los acuerdos sobre tasas de aterrizaje, seguridad y
tarifa de pasajes quedan excluidos de las decisiones de las sociedades
filiales.
Aena Aeropuertos, por su parte, será responsable de la gestión,
proyecto y ejecución de nuevas infraestructuras en los aeropuertos.
Además,
cada comunidad autónoma contará con un Comité Aeroportuario, que coordinará e
impulsará las políticas aeroportuarias, urbanísticas y de ordenación
territorial, así como un Comité de Desarrollo de rutas aéreas, ambos controlados
a partes iguales entre Gobierno y autonomía.
Blanco indicó que la
denominación de aeropuertos de interés general se reservará a aquellos de
iniciativa pública estatal, aunque posibilitará que los de interés autonómico
puedan gestionar vuelos internacionales.
El ministro presentará en el primer
trimestre del año la reforma de la navegación aérea y el Real Decreto sobre la
Ley de Seguridad Aérea, y dejará para el segundo trimestre la gestión
aeroportuaria.
En el debate parlamentario, el portavoz de ICV, Joan Herrera,
reclamó gestionar las infraestructuras desde la proximidad y mostró su
preocupación por que éste sea el comienzo de una privatización de la
gestión.
Desde ERC, Joan Ridao consideró que con esta iniciativa El Prat
continua siendo un aeropuerto satélite de Barajas al tiempo que se desoyen las
"demandas históricas" sobre su cesión a la Generalitat.
El diputado de CiU Pere Macías aseguró que va a plantear que los aeropuertos de
interés general sean traspasados a las comunidades, ya que "el modelo dominante
de la gestión aeroportuaria en el mundo es el individualizado".
El portavoz
popular, Andrés Ayala, aseguró que "nadie ha negado ningún tipo de titularidad a
nadie" y que "lo que es bueno para Cataluña, es bueno para España, no se trata
de una confrontación territorial".