El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, aseguró que la Xunta no procederá a la retirada del borrador del decreto que regula el uso de las lenguas en la enseñanza no universitaria y subrayó que "nunca" aceptarán "unha inmersión lingüística nunha das dúas linguas oficiais", gallego y castellano. Con todo, apuntó que, "en aras de chegar a un consenso coa sociedade", el Gobierno gallego está dispuesto a "proceder a modificacións de cuestións que poidan ser matizables".
Así lo confirmó el titular de Educación tras concluir la primera ronda de contactos con representantes de diversas entidades sociales, que se cerró con las reuniones con los grupos parlamentarios de BNG, PSdeG y PPdeG. Mientras el PP se mostró satisfecho porque "se garantiza o equilibrio entre as linguas oficiais", tanto BNG y PSdeG coincidieron en pedir el regreso al consenso anterior y criticaron que no exista "intención de modificar o decreto" -los nacionalistas- y que no se use el Parlamento como marco de negociación apropiado -los socialistas-.
Tras las reuniones, Jesús Vázquez apuntó que la consellería está "aberta a unha serie de cambios" siempre que no signifiquen "renunciar" al "compromiso" suscrito por el PP cuando se presentó a las elecciones. Así, incidió en que "hai cuestións ás que non estamos dispostos a renunciar porque entendemos que a sociedade cre maioritariamente nestas bases".
El conselleiro aseguró que existe "marxe para chegar a puntos de acordo" en algunas de las propuestas que les han ido trasladando en los últimos días, por ejemplo con las asociaciones de padres y madres. Pese a ello, declinó confirmar o hablar de estas cuestiones porque ve necesario esperar "a ter na man" todas las sugerencias de mejora. "Faltan unha serie de grupos que quedaron de presentar as alegacións por escrito", afirmó.
Jesús Vázquez indicó que, tras la recogida de alegaciones, "haberá que empezar a negociación", aunque recalcó que sin "renunciar" a los compromisos electorales. A este respecto y sin embargo, rechazó pronunciarse sobre si modificarán la polémica consulta a los padres para permitirles libertad de elección en los idiomas en los que se impartirán algunas materias. "A data de hoxe, non podemos confirmar en ningún termo", sentenció.
En las declaraciones a los medios, el responsable autonómico sí insistió en que la intención de la Xunta siempre fue la de "un equilibrio total entre as dúas linguas oficiais, galego e castelán, para, a partires de ahí, ir introducindo outras linguas para que os nosos alumnos estean preparados para o día de mañá".
Preguntado por el horizonte temporal previsto y por las posibles dificultades de tener listo el decreto para el próximo curso escolar, Jesús Vázquez sostuvo que estará en marcha "desde logo" para el mes de septiembre. Los próximos pasos de la propuesta, una vez valoradas las propuestas de los colectivos consultados, serán su paso por la Mesa Sectorial de Educación y por el Consello Escolar. Una vez esté listo el decreto, también deberá ser sometido al dictamen del Consello Consultivo y de la asesoría jurídica de la Xunta.
BNG: "NON HAI INTENCIÓN DE MODIFICAR"
El primer grupo político que se reunió econ el conselleiro y con el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, fue el BNG, representado por su portavoz nacional, Guillerme Vázquez, y su secretaria de Organización, Montserrat Prado. A la salida, Vázquez señaló que "non se pode lexislar contra todos" y pidió a la Xunta que "reflexione e dea marcha atrás", ya que el decreto de 2007 "non tiña ningún problema".
En el encuentro, "non houbo ningún achegamento", según ratificó Guillerme Vázquez, quien indicó que los "puntos de partida" de BNG y Xunta eran "moi diferentes" y que no apreciaba "ningunha intención por parte do PP e do Goberno de modificar substancialmente ese borrador". Así, y aunque consideró que el diálogo "sempre é bo", si no sirve para "avanzar nunha solución común" constituye un "diálogo de xordos".
El líder nacionalista trasladó al conselleiro la petición del BNG de que se retire el borrador actual y se vuelva "ao consenso" que el PP "rompeu unilateralmente". Además, recordó que "hai un rexeitamento claro por parte de toda a sociedade" a las bases de la Xunta y aseguró que dichas propuestas "para nada se aproximan ao que había naquel momento".
PSDEG: "O MARCO DE NEGOCIACIÓN É O PARLAMENTO"
Por parte del PSdeG, su secretario de Organización Pablo García resumió la reunión -de más de una hora, como también la del BNG- indicando que habían trasladado al conselleiro "con absoluta firmeza" que "se de verdade queren propiciar un novo consenso, as condicións e as fórmulas" que están usando "non son as idóneas" porque "o marco de negociación ten que ser o Parlamento de Galicia".
García -que acudió a la reunión acompañado por los portavoces parlamentarios de Educación y Política Lingüística, Guillermo Meijón y Francisco Cerviño respectivamente- reclamó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "poña o contador a cero" e inicie contactos bajo el punto de partida de la ley y el plan de normalización lingüística.
El representante socialista señaló que habían acudido a la reunión "por responsabilidade e respeto institucional" y subrayó que el PSdeG no tiene "nada que demostrar porque ha demostrado "sobradamente" su "compromiso co consenso lingüístico", ya que han estado presentes en todos los consensos en la materia, desde el Estatuto al plan de normalización.
PPDEG: "VONTADE DE DIÁLOGO E TRANSPARENCIA"
Finalmente, el portavoz parlamentario del grupo popular, Manuel Ruiz Rivas
Resaltó la voluntad de la Xunta de "ir camiñando" hacia una "comunidade trilingüe" y subrayó el cumplimiento del programa electoral del PPdeG. "Creo que no eido educativo, os pais tamén teñen algo que dicir", proclamó, aunque "deixando sentado que a Xunta ten as súas competencias e debe exercelas".
LEY DE GARANTÍAS
Entre los objetivos para este año, la conselleira señaló su intención de seguir incrementando el rendimiento quirúrgico y la actividad en jornada ordinaria, mejorar el sistema de registro de pacientes en consultas y pruebas diagnósticas, implantar vías rápidas y consulta de alta resolución, consolidar los resultados de prioridad 1 y mejorar los de prioridad 2.
Además, Farjas avanzó la elaboración y puesta en marcha de la Ley de garantías de prestación y tiempos máximos para consultas y pruebas diagnósticas, con medidas como incentivos económicos para los profesionales.