URBANISMO
El TSXG declara ilegales 52 chalés de lujo situados en primera línea de playa en O Grove
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado ilegales los 52 chalés adosados de lujo que la promotora Improin construyó en primera línea de playa en la zona de Raeiros (O Grove), ratificando el dictamen del anterior gobierno bipartito en la Xunta de Galicia, quien en 2007, había abierto un expediente administrativo contra esta urbanización, construida en suelo rústico y bajo una licencia urbanística para apartahotel.
Para esta urbanización, cuyo inicio de construcción se remonta al año 1991, la promotora decidió segregar la parcela calificada como suelo rústico no urbanizable, incumpliendo así la Lei do Solo de Galicia, y aunque en la sentencia el Alto Tribunal gallego no se refiere a los derribos de los chalés construidos y ya habitados, ordena la restitución de la parcela matriz a su estado original, "que deberá ajustarse a la licencia por la que fue autorizado el apartahotel".
El fallo del TSXG viene a desestimar el recurso presentado por la promotora de la urbanización, Improin, contra la decisión de la entonces conselleira de Política Territorial de la Xunta de Galicia, María José Caride, de abrir ese expediente administrativo al incumplir la normativa de ordenación del territorio, tras haber sido denunciada por el uso fraudulento de la finca, y ordena además la obligación de comunicar al registro de Cambados la imposibilidad jurídica de su parcelación destinada a chalés adosados.
La sentencia señala además al Concello de O Grove como la institución que deberá decidir sobre el futuro de la polémica urbanización, por lo que el alcalde socialista, José Antonio Cacabelos, anunció esta mañana que se reunirá con su equipo jurídico para decidir sobre esta actuación, aunque solicitó a la autoridad judicial y a la actual Xunta de Galicia "que nos clarifiquen jurídicamente como debemos actuar ante esta sentencia", ya que el regidor aseguró que "no sabemos si provoca la demolición, algún cambio urbanístico o simplemente se trata de un cambio jurídico en el registro de la propiedad".
La tramitación urbanística de esta urbanización provocó que agentes de la Guardia Civil realizaran en mayo de 2007, días antes de las pasadas elecciones municipales, un registro sorpresa en los archivos del ayuntamiento, de donde se llevaron toda la documentación relativa a este caso, debido a una denuncia interpuesta por un presunto delito urbanístico, un procedimiento que tras la conclusión de la vía administrativa con esta sentencia, podría reactivarse.