El Confidencial
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José Manuel López García

VIOLENCIA DE GÉNERO

Los juzgados gallegos dictaron el pasado año 1.454 órdenes de protección, 12 más que en 2008

18-03-2010 17:45:56

Los juzgados gallegos dictaron un total de 1.454 órdenes de protección durante el pasado año en Galicia, doce más que en el ejercicio de 2008. Así consta en los registros del punto de coordinación de las órdenes de protección de la Xunta de Galicia, que fueron avanzados por la secretaria xeral de Igualdade, Marta González, en la presentación del informe anual sobre violencia de género en Galicia. No obstante, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de violencia sobre la mujer de Galicia registraron ente enero y septiembre del pasado año -últimos datos disponibles- 1.008 solicitudes de protección, de las que se adoptaron 631 (el 63%).

En los tres primeros trimestres del año, se presentaron en Galicia 4.602 denuncias por violencia de género, de las que fueron retiradas un 8% (350). El porcentaje de renuncias es inferior al estatal, situado en el 12%. Por lo que respecta a las víctimas mortales, Galicia registró tres el pasado año, cuatro menos que en 2008. La cantidad supone el 7,14 por ciento de las registradas en España. Con todo, las estadísticas oficiales no computan muertes por violencia de género como la de una joven brasileña estrangulada y arrojada al río Avia (Ourense) porque no se trataba de una relación en el marco de la pareja o ex-pareja.

A tenor de las estadísticas, Galicia ocupa el sexto puesto en el listado de autonomías con mayor número de casos mortales, por debajo de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, entre otras.

Por lo que respecta a las medidas de apoyo a las víctimas, el servicio de teleasistencia móvil contabilizó el pasado año 466 usuarias en Galicia, frente a las 13.696 del conjunto estatal. La secretaria xeral de Igualdade informó también sobre el dispositivo GPS para maltratadores condenados -pulsera identificativa-, con tres casos registrados a noviembre de 2009, todos ellos en Pontevedra. En el ámbito de los menores afectados por estos casos, 11 niños tuvieron que cambiar de centro educativo en el curso 2008-2009, cifra que se sitúa en cinco en el curso actual (dos en Ourense y tres en Pontevedra).

Asimismo, y continuando con los servicios de atención a víctimas, 128 mujeres y 114 menores estuvieron en las casas de acogida existentes en Galicia, que presentan un grado de ocupación muy desigual que lideran Ourense y A Coruña. Destaca el centro de emergencia de Vigo, en el que ingresaron 43 mujeres -en su mayoría entre 20 y 45 años- y 39 menores.

Los servicios de atención telefónica para ofrecer información y asistencia a posibles víctimas fueron usados desde Galicia durante el pasado año en 7.070 ocasiones en el caso del 016 estatal y en 4.030 ocasiones en el del teléfono 900 habilitado por la Xunta. Por meses, los de mayor frecuencia fueron los de agosto, marzo y septiembre. El 77 por ciento de las consultas procedían del ámbito urbano, frente a un 13% del rural y un 10% sin identificar. El 94% de los usuarios son mujeres, de entre 26 y 45 años en el 41% de los casos, y que reclaman sobre todo (35%) atención psicológica.

El informe recoge también datos sobre programas como 'Abramos o círculo' -de atención psicológica especializada para hombres con actitudes inadecuadas hacia sus parejas-, en el que participaron 48 hombres el pasado año; así como sobre el programa Galicia de reeducación de maltratadores, centralizado en la Academia Galega de Seguridade, que registró las altas de 110 penados durante el ejercicio de 2009.

SALARIO DA LIBERDADE

Durante el pasado año se concedieron 217 prestaciones del conocido como 'salario da liberdade': 77 en A Coruña, 42 en Lugo, 31 en Ourense y 67 en Pontevedra. La cifra aumenta sustancialmente la del ejercicio de 2008, en el que se concedieron 167, pero baja respecto a las 320 concedidas en 2007. Por otro lado, se concedieron diez ayudas del pago único para mujeres con dificultades especiales, la mitad en Pontevedra. Asimismo, se registraron nueve solicitudes de las indemnizaciones especiales otorgadas a raíz de una orden judicial, pero sólo fue concedida una.

Las demoras en el pago del 'salario da liberdade' abrieron debate en la comisión parlamentaria, ya que ante las críticas de la oposición por la tardanza existente en el cobro, tanto Marta González como la diputada popular Paula Prado criticaron que los retrasos son "herdanza" del bipartito. "Chegaron a tardar once meses no pago no 2007", acusó la secretaria xeral.

DESARROLLO DE LA LEY

Por otro lado, Marta González anunció que la Xunta está elaborando el decreto de constitución del Consello Galego das Mulleres y de la Comisión Interdepartamental, así como del Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero. Estos instrumentos están recogidos en la ley gallega de igualdad y la oposición criticó que no se hubiesen habilitado todavía. "O decreto estaba no traspaso de poderes", apuntó Pontón, quien coincidió con la socialista Silvia Fraga en recriminar que "se perdeu un ano na posta en marcha de actuacións contra a violencia de xénero en Galicia".

Ante esto, tanto González como Prado criticaron la actuación del Gobierno bipartito y defendieron que el PP tiene su propio proyecto político y aplicará las políticas recogidas en su programa electoral. Paula Prado defendió las políticas "realistas" actuales frente a las de "propaganda e publicidade" que achacó al BNG. "As leis hai que dotalas de orzamento", proclamó, reclamando al Gobierno central el traspaso de más efectivos de Policía Autonómica y que se creen los juzgados de violencia de género pendientes.

En su intevención en la Cámara, la responsable autonómica de Igualdade aludió también a las medidas de sensibilización desarrolladas a lo largo del pasado ejercicio y a las relativas a la investigación y formación. También destacó el desbloqueo que posibilitará la creación del centro de recuperación integral para víctimas de violencia de género en Santiago de Compostela. Por lo que respecta al ámbito laboral, 123 mujeres víctimas de violencia de género suscribieron contratos de un año de duración.





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