AUTOGOBIERNO
El Gobierno central no otorgó a Galicia ninguna competencia desde 2008
El debate de las cajas ha desplazado en los últimos meses —al menos en lo mediático— a otros asuntos de la agenda de la Xunta que, en breve, prevé retomar las demandas de más autogobierno, al menos de los traspasos ya negociados con el bipartito, para luego iniciar otra ronda de reuniones con nuevas propuestas. Con fecha por concretar, pero posiblemente este mismo mes, la Consellería de Presidencia trasladará al Gobierno central una carta, urgiendo a esos traspasos y a reuniones bilaterales para concretar estas cuestiones.
Esta exigencia gallega, si se mantiene la tendencia del último año, caerá en saco roto, pues 2008 —coincidiendo con el final de la pasada legislatura estatal— fue el último año en el que Galicia obtuvo nuevas transferencias del Gobierno central. Se trata de un escenario extraño en la comunidad, aunque no exclusivo. Y es que si bien a lo largo de la historia democrática ha habido un goteo constante (casi todos los años) de adquisición de competencias, ahora, y también en una época anterior, la rutina se tornó en un cierto parálisis.
Ocurre ahora, en los dos primeros años de segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno central, y ocurrió también en el primer bienio de la también segunda legislatura de José María Aznar, entre 2000 y 2001. En cifras concretas, el ex presidente español traspasó a Galicia 30 nuevas competencias en sus primeros cuatro años de Gobierno, y sólo cuatro en su segundo periodo. Zapatero otorgó en la primera cinco, acordados en tres comisiones mixtas y que supusieron el traspaso de 206 empleados públicos y una financiación de 11,17 millones de euros. En su segunda legislatura, fueron siete en tres reuniones y con una financiación de 9,6 millones, pero todas corresponden al año 2008. Ahora, Galicia sigue esperando otros traspasos comprometidos.
La primera exigencia que traslada la Xunta se refiere a competencias ya negociadas en tiempos del bipartito. Son la deuda de superficie; los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal; la inspección de trabajo y becas y ayudas al estudio. La de Tráfico y Seguridad Vial ha de ser aprobada por el Congreso de los Diputados.
NUEVOS TRASPASOS
Las anteriores, sumadas a las nuevas que se prevén trasladar, suman unas 16. Como nuevas solicitudes está el traspaso de la AP-9 (el Gobierno pone resistencia) o la AP-53 (la ve efectiva). También sobre las obras hidráulicas de interés general en la comunidad, la tramitación de expedientes de autorizaciones sobre el dominio público hidráulico en Galicia y cuencas intercomunitarias.
La comunidad reclama también competencias meteorológicas; el traspaso de funciones y servicios de ordenación del sector pesquero, investigación oceanográfica, la expedición de tarjetas de identidad acreditativas de titulaciones de marina mercante, la inspección y vigilancia pesquera y la inspección de seguridad a bordo.
El traspaso de funciones en ordenación litoral y gestión del dominio público marítimo-terrestre y el de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de justicia completan la demanda autonómica.
SITUACIÓN
El Gobierno central efectuó entre 1978 y hasta marzo de 2010 un total de 1.942 competencias entre las comunidades y ciudades autónomas. Galicia ocupa un lugar destacado, al situarse como la segunda que dispone de un mayor número de transferencias (154), sólo superada por Cataluña (185). También está muy cerca Andalucía (151). Ceuta (21) y Melilla (24) son, por su parte, las que menos competencias han adquirido.
El mayor número de competencias obtenidas por Galicia en sólo un año es de 20. Ocurrió en 1982, en los inicios de la democracia española. Precisamente los años inmediatamente posteriores fueron en los que se realizaron más traspasos (18, 17 y 13). El mismo comportamiento se ha dado en el conjunto estatal.
RIFIRRAFES
Los tiras y afloja entre Xunta y Gobierno central por las trabas para el traspaso de competencias se encuentran con un escenario contrario en el Parlamento gallego, donde tanto populares como socialistas o nacionalistas han apoyado iniciativas que tienen como objetivo que el Estado haga efectivos los traspasos de aquellas competencias que están pendientes, tras las negociaciones mantenidas por el bipartito en la pasada legislatura.
La cuestión del autogobierno gallego es una constante en el debate político y, sin entrar en la creación de una nueva norma estatutaria, lo cierto es que el Estatuto actual todavía ofrece un margen para la ampliación de competencias sen la comunidad.
El Gobierno central no ha dado muestras de querer completar ese margen. Y de hecho, en declaraciones realizadas el pasado mes de febrero en Galicia, la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insinuaba la necesidad de reformar el Estatuto, como vía óptima para lograr más competencias.
Tal planteamiento originó un rifirrafe entre presidente el gallego y la vicepresidenta estatal y, a posteriori, entre PPdeG y PSdeG. El primero, situado ahora en el Gobierno gallego, es reacio a que el Ejecutivo estatal, de otro color, le marque los tiempos para presentar su propuesta de reforma estatutaria. Más allá de las fronteras gallegas, existe resistencia a seguir por la vía de traspasos que se basa en el artículo 150.2 de la Constitución Española.
Tampoco la unanimidad para solicitar la competencia de tráfico y seguridad vial parece una prioridad para el Gobierno central, no interesado en conoceder a Galicia competencias que sí ha transferido a otras comunidades.