URBANISMO
La Agencia de Protección Urbanística ordena la demolición de los 52 chalets de O Grove ilegalizados por el TSXG
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, organismo dependiente de la Xunta de Galicia, ha ordenado al Concello de O Grove proceder a la ejecución de la demolición de los 52 chalets adosados de lujo que fueron ilegalizados recientemente por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Según el informe recibido por el Concello de O Grove, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística ha tomado esta decisión por el incumplimiento que la promotora Inproin Galicia S.L. -de la que uno de sus socios es Fernando Varela, el hermano del conselleiro de Cultura, Roberto Varela- ha hecho del uso para el que se le dio licencia, la construcción de un apartahotel.
En este comunicado, la Agencia recuerda además que para esta actuación urbanística se realizó en su momento una segregación en suelo rústico, algo que va en contra de la ley del suelo de Galicia, y que es el principal motivo esgrimido para exigir al gobierno local el cumplimiento del mandato judicial, que ordenaba reponer la parcela a su estado anterior a la promoción inmobiliaria.
A pesar de este requerimiento, desde el Concello de O Grove insisten en que esperarán a que sea la Xunta de Galicia, quien fue en su momento la responsable de otorgar esta licencia supramunicipal, la que actúe, ya que "esta es la competente para actuar en suelo rústico y deberá ser la encargada de velar para que se cumpla esta orden de demolición".
Por ello, el gobierno municipal ha anunciado que no abrirán ningún procedimiento hasta que la Xunta les de una respuesta, aunque en un comunicado celebra que con esta resolución "se escribe un nuevo capítulo, posiblemente definitivo, de la polémica urbanización de Raeiros y veremos donde recaen las responsabilidades ya que tanto esta orden como la sentencia del TSXG dejan claro que las cosas no se hicieron bien en el trámite de esta urbanización".
Con todo, Inproin Galicia S.L. ha recurrido la sentencia del TSXG ante el Tribunal Supremo, por lo que el derribo de estos chalets podría tener que esperar a que haya una decisión en firme el Alto Tribunal.