Los responsables de organismos autónomos no podrán cobrar más que el presidente de la Xunta
La Xunta de Galicia impulsa una ley que racionalizará el sector público, que recogerá entre sus disposiciones que los responsables de organismos vinculados a la administración no podrán cobrar más que el presidente de la Xunta, salvo en casos excepcionales.
El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, informó tras el Consello de la Xunta de que esta norma, que se presenta por primera vez en treinta años de administración autonómica, dijo, trata de "ordenar, regular y racionalizar" toda la administración y el sector público. De esta manera, se trata de transparentar la selección de personal y determinará qué tipo de organismos se pueden crear o no.
A este respecto, Núñez Feijóo informó de que la ley incrementará el control sobre la contratación pública y, además, se regulará la percepción máxima de los presidentes de estos organismos, que no podrán tener retribuciones superiores a las del presidente de la Xunta, salvo en casos "debidamente acreditados y con informes preceptivos" de las Consellerías de Hacienda y Presidencia.
Feijóo, que calificó esta medida de "bastante razonable", indicó que todo el personal de estos organismos están sujetos a los principios de contratación del sector público. Por tanto, dijo, "toda la administración conocida con el nombre popular de chiringuitos va a tener que estar sometida a la ley".
Además, explicó que los presupuestos de estos organismos y fundaciones públicas no podrán contratar personal si no es de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, ni podrán suscribir contratos si no es en función de criterios de publicidad y concurrencia.
El Consello de la Xunta conoció este anteproyecto de ley de organización y funcionamiento de la administración general y el sector público autonómico, que según el Gobierno gallego suple un vacío en el ordenamiento jurídico, lo que había sido puesto de manifiesto por el Consello Consultivo en 2001.
La nueva norma servirá también de complemento al plan de reestructuración de la "administración paralela" acometido por el actual Gobierno, ya que sistematiza por primera vez las entidades instrumentales como los organismos autónomos, las agencias autonómicas, entidades públicas empresariales y consorcios.