El ministro de Fomento, José Blanco, anunció un plan de ajuste de inversión
que supondrá una reducción de 6.400 millones de euros entre 2010 y 2011, ya que
este año se recortarán como mínimo 3.200 millones y el próximo la cantidad
"previsiblemente no será inferior". En su comparecencia ante la Comisión de
Fomento del Congreso, Blanco dijo que este ajuste obliga a "replantear todo el
programa de inversión".
Según Blanco, España ha vivido en los últimos quince
años como si la expansión económica fuera "inagotable, como si los ingresos
coyunturales fueran estructurales". Este ajuste se va a abordar, dijo,
"reprogramando la mayoría de las inversiones que se están acometiendo y
reconsiderando los que no son imprescindibles".
El ministro explicó que
"todas las actuaciones tanto en carreteras, como en ferrocarriles, sufrirán un
retraso medio de al menos un año en los plazos de ejecución, con la salvedad de
aquellas que se puedan licitar o complementar a través del plan extraordinario
de colaboración público-privada".
El ministro destacó que en los proyectos
que se van a redactar a partir de ahora, pero también en los que están ya en
redacción, se incluirán medidas como un análisis de las previsiones de demanda y
de explotación de instalaciones viarias, ferroviarias, aeroportuarias y de los
puertos.
Su objetivo es considerar la viabilidad económica de los proyectos y
la conveniencia de ejecutarlas por fases, para acomodar así la inversión a las
necesidades reales de la demanda. "Ya hemos incorporado en la planificación
de los aeropuertos la necesidad de proyectarlos con una capacidad ajustada a los
estudios de demanda de los cinco siguientes años, para evitar exceso de costes o
incrementos de tasas que pueden afectar negativamente la capacidad competitiva
de un aeropuerto", agregó.
En segundo lugar, se establecerán escalas del
coste de construcción, en función del tipo de infraestructura y de las
características del terreno. Se fijarán también disposiciones específicas
para túneles y viaductos, con el fin de elegir las soluciones de coste mínimo
compatibles con la Declaración de Impacto Ambiental, con la orografía y con las
condiciones del terreno.
Según Blanco, una de las causas del incremento del
coste de los proyectos son las obras adicionales planteadas por otras
Administraciones. Por ello, se establecerá la obligatoriedad de que dichas
obras adicionales las abone quien lo solicita, en caso de que no estén
justificadas de acuerdo con la funcionalidad de la infraestructura.
El
ministro recordó que, en el último año, se ha comenzado a aplicar en autovías
alguno de estos criterios, lo que ha permitido que el coste por kilómetro de los
proyectos aprobados en 2010 se haya reducido ya un 17%.
Explicó que la
aplicación de todas estas medidas a los proyectos de autovías y ferrocarriles
actualmente en redacción reducirá un 22% de media los costes de
construcción. Asimismo, se exigirán proyectos más definidos y ofertas que se
ajusten mejor al coste final de la obra, para acabar con la cultura del
modificado y poder programar con mayor precisión las inversiones.
El ministro
añadió: "Ya hemos introducido en los pliegos de contratación variaciones en la
valoración de las puntuaciones de la oferta económica, para reducir el impacto
de los modificados".
De hecho, las bajas ya se han reducido desde el 26% de
media en 2009, al 13% actual, añadió. Además, dijo, mediante la Ley de
Economía Sostenible, la cuantía de las modificaciones de obra quedará limitada
al 10% para todas las Administraciones Públicas.
Las variaciones superiores a
ese límite en el coste de la obra respecto al presupuesto de adjudicación
llevarán consigo la rescisión del contrato, y la necesidad de una nueva
licitación, dijo Blanco.