DIÁLOGO SOCIAL

Xunta y agentes sociales acuerdan revisar la Risga y vincularla a la realización de un itinerario formativo

La Xunta y los agentes sociales han acordado revisar la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) con el fin de vincularla a la realización de un intinerario formativo. Así lo explicó la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, quien, junto con el titular de Economía e Industria, Javier Guerra, dio cuenta de los ocho preacuerdos alcanzados por la mesa de coordinación del diálogo social reunida en Santiago. Se trata de iniciativas centradas en las políticas activas de empleo, en la mejora de la competitividad empresarial, en el textil y en el bienestar y la cohesión social, que constituyen los primeros puntos de encuentro derivados del proceso de diálogo abierto en octubre.

Según los datos de Traballo, 4.798 personas cobraron la Risga en 2009, cuya función es dotar de recursos económicos a aquellos hogares en riesgo de exclusión. Debido al impacto de la crisis económica, el número de beneficiarios supera en 400 el de 2008, al tiempo que las solicitudes se han "incrementado" en lo que van de año. Esta ayuda parte de una cuantía base que se eleva en función del número de miembros del hogar y que está supeditada al cumplimiento del plan de inserción que los servicios sociales elaboran junto con la persona afectada.

En todo caso, la conselleira incidió en que la percepción de la Risga "non está condicionada" al cumplimiento del proyecto formativo, sino que lo que la Administración pretende es "animar" a los beneficiarios a tener un itinerario profesional de formación. "Entendemos que o emprego é a mellor maneira de saír da situación na que se atopan, por iso vencellamos directamente o subsidio ó emprego, como novidade", afirmó Mato, quien recalcó que la Risga debe constituir "unha ferramenta de inclusión" y no una mera "subvención".

La redefinición de esta renta se enmarca en el acuerdo de las bases para desarrollar la Lei Galega de Inclusión Social consensuado por Xunta, sindicatos y patronal en la mesa cuarta sobre políticas sociales. A la hora de evaluar a un potencial beneficiario, se tendrán en consideración tres tramos: el personal -facilitando una ayuda que permita cubrir las necesidades vitales y que se completará para ayudar a la inclusión de menores a cargo del solicitante-; el de inserción -que comprende la "novidade básica" de una ayuda vinculada al convenio de inclusión que recoge el compromiso de cumplimiento de un proyecto formativo personalizado y orientado al mercado laboral-, y la transición al empleo.

A juicio de la conselleira, este planteamiento plasma "ó 100% a intrínseca relación" entre los servicios de empleo y los de inclusión social, al tiempo que constituye "unha aposta polas persoas". Otra de las novedades que incorporará este subsidio serán los "reforzos puntuais", que la normativa actual no contempla, con el fin de contribuir al éxito del proyecto de inclusión en "circunstancias adversas".

Otro de los acuerdos adoptados por esta mesa es el establecimiento de las funciones del Consello Galego do Benestar, que recogerá el borrador del proyecto de ley de servicios sociales de Galicia. En concreto, el órgano ejercerá como asesor de la Xunta en materia de planificación y programación de los servicios públicos; emitirá dictámenes a instancias del Parlamento, al tiempo que fomentará la participación de ciudadanos y Administración y evaluará los resultados de la nueva Risga y de los programas de inserción social. El tercer preacuerdo pasa por regular el funcionamiento de la Mesa Galega de Servizos Sociais, que servirá de órgano de control y de evaluación de todas las políticas del ramo.

POLÍTICAS DE EMPLEO

Por otra parte, también se han alcanzado consensos en materia de políticas activas de empleo con un doble objetivo: fomentar la empleabilidad y la estabilidad y mejorar el Servizo Público de Emprego de Galicia. Para ello, Xunta y agentes sociales se han comprometido a priorizar a los colectivos "máis vulnerables", esto es, los parados de larga duración, los desempleados que hayan agotado la prestación, los mayores de 45 años, las víctimas de malos tratos, las personas con discapacidad, los jóvenes y los parados que pertenezcan a un colectivo en riesgo de exclusión. Se trata de colectivos que se han incluido ya en la orden de ayudas al fomento de la contratación publicada el 7 de mayo en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El objetivo es, según Mato, beneficiar a 24.000 personas entre 2010 y 2013. Para ello, se destinarán 113,2 millones en los próximos tres años para impulsar acciones de fomento de la contratación indefinida inicial, transformación de los acuerdos temporales en indefinidos y para incentivar la contratación temporal, como fija la orden.

En cuanto a los cambios en el Servizo de Emprego, la meta es "adaptar" sus prestaciones a las "necesidades de traballadores e empresarios", mejorando los procesos de inscripción, la clasificación y derivación a proceso de mejora del empleo y la intermediación. Además, se impulsarán los centros de apoyo al empleador, que permitirán al empresario "atopar os perfís que necesita". Para todo ello, la Xunta invertirá 52,5 millones de euros entre 2010 y 2013.

TERCERA LÍNEA DE AVALES

En cuanto al textil, el preacuerdo que se llevó a la mesa de coordinación fue el del proyecto 'Empregatex', una iniciativa que cuenta con 3 millones de euros durante dos años para impulsar la reinserción de al menos el 60% de los 500 participantes. Según los datos de la Xunta, desde la presentación de la iniciativa en abril, más de 400 ciudadanos se han inscrito.

En relación a los preacuerdos cerrados en materia industrial, el más destacado hace referencia a la puesta en marcha de una tercera línea de avales para financiación de circulante, destinada a las pymes y dotada de 150 millones. Se trata de pólizas de crédito por un importe situado entre los 4.000 y los 250.000 euros, avaladas al 90%. Guerra indicó que el objetivo de esta iniciativa es "adaptar ás necesidades das empresas" las líneas de avales del Igape, que destinó desde septiembre más de 200 millones a este capítulo.

Junto con la financiación la "axilidade" en los procesos administrativos es otro de los ejes de acuerdo entre sindicatos, patronal y Xunta. Así, el conselleiro destacó que ya se reducen los periodos de presentación de solicitudes de ayuda --no más de 45 días--. Además, el Igape trabaja para que la liquidación de las prestaciones se realice también en un periodo no superior a 45 jornadas. La reducción de los periodos de resolución, las nuevas modalidades de justificación, los pagos anticipados y la exención de garantías, son otros de los ejes en los que trabaja el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

INTERNACIONALIZACIÓN

En cuanto a la proyección de las empresas gallegas al exterior, destaca el compromiso de crear un Observatorio Galego da Internacionalización y una Rede de Plataformas Empresariais no Exterior, que se verá reforzada por un Plan Estratéxico da Galicia Empresarial na Diáspora. Esto se complementará con un plan de apoyo para la introducción de empresas gallegas en los organismos financieros multilaterales, con un programa de implantación promocional conjunto en el exterior y con la creación de una oficina de captación de inversión foránea, a lo que se sumará el Plan Estratéxico da Internacionalización 2011-2013.

Convencida de que el malestar con el que sindicatos, Gobierno central y patronal están abordando en Madrid la reforma laboral "non afectará" al clima negociador en Galicia, la responsable de Traballo aseguró esta mañana que "non existe ningún punto de fricción" en las mesas constituidas en la comunidad. La única excepción es la "lentitude" que los agentes sociales achacan a la mesa tres, que aborda las infraestructuras. Con el deseo de que "todos os acordos" alcanzados en estos foros de debate "sexan o punto de partida dunha nova realidade", Beatriz Mato apostó por hacer de la crisis "un punto de inflexión positiva". "Éste é o camiño a seguir de agora en diante", concluyó.