PARLAMENTO
Aproin alerta de que si se aplica mal el Plan del Litoral se tendrá que indemnizar a los promotores
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin), Javier Garrido Valenzuela, alertó de los riesgos que puede conllevar la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) en aquellos casos en los que las medidas de protección que contempla afecten a desarrollos urbanísticos ya previstos. Así, argumentó que si la gestión del POL "se hace mal, tiene un coste" porque "se generan derechos indemnizatorios" para los promotores que tenían concedida la edificabilidad o contaban con derechos adquiridos sobre esos terrenos.
En su comparecencia en la comisión parlamentaria de estudio del POL, Garrido Valenzuela propuso que, en aquellos supuestos en los que algún desarrollo urbanístico previamente autorizado "fuese absolutamente incompatible con los objetivos de protección y/o puesta en valor de la zona litoral", se permita que los derechos adquiridos por esos promotores se trasladen a otros ámbitos "colindantes o próximos", de tal modo que se dé una "distribución equitativa" de beneficios y cargas. Es decir, que se repartan los derechos de edificabilidad con otros promotores, compartiendo también los gastos de urbanización que conllevan.
El representante de los promotores incidió en la necesidad de "avanzar lo más rápidamente posible en la legalidad o legalización de la materia prima de nuestro sector", del que lamentó que esté "demonizado" y del que defendió su "gran importancia" para la economía gallega. En su intervención, abogó por contar con una "mayor seguridad jurídica" en este ámbito, lo que redundaría en una "imprescindible" agilización en las autorizaciones administrativas. "Para una tramitación que tendría que durar entre 12 y 16 meses, estamos contemplando un escenario de cuatro a ocho años", criticó, atribuyendo "gran parte de culpa" de esta situación a la "falta de ordenación del territorio". Si hubiese esa ordenación, indicó, se dejaría "el menor margen posible a la discrecionalidad".
En este sentido, y despertando escepticismo entre los grupos de la oposición -PSdeG y BNG-, Garrido Valenzuela aseguró que desde su organización "sí creemos en la paralización
En la penúltima sesión de comparecencias de la comisión no permanente -que se cierra el miércoles con la del director xeral de Sostibilidade e Paisaxe de la Xunta, Manuel Borobio-, las implicaciones económicas del Plan del Litoral ocuparon un amplio espacio de debate. Así, tanto la diputada del BNG Teresa Táboas como la socialista Mar Barcón incidieron en la necesidad de que el documente cuente, si no con una memoria económica, sí con una "reflexión económica", según apuntó Barcón. Por su parte, Táboas resaltó la necesidad de contar con un "orzamento e unha planificación plurianual" para evitar que el POL sea un "documento máis nun caixón".
Otro de los comparecientes en la sesión fue el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Xosé Manuel Casabella López, quien argumentó que el documento del POL contiene "boísimas intencións" pero del que censuró que "arbitra escasos instrumentos para lograr os obxectivos que se propón". En esta línea, propuso que se retrase su aprobación para "perfeccionar a adquisición dos mecanismos" necesarios para poder llevarlo a la práctica.
"Se o deixamos así será unha caricatura do que podería ser", alertó el experto, incidiendo en que "para que sexa operativo, hai que dotalo de mecanismos que agora non ten", que no sólo supongan medidas "coercitivas" o de control sino que posibiliten la aplicación realista del mismo. En su análisis del documento, Casabella lamentó que no incluyese una cartografía "máis detallada", calificando la usada de "manifestamente mellorable".
Además, indicó que la normativa que contempla el POL es "pouco explícita", criticó la "ausencia dun modelo territorial especificamente definido" y la "excesiva dependencia" que se recoge del vehículo privado, y abogó por "fomentar a transformación en espazo público de toda a costa". Finalmente, sugirió también la creación de un Observatorio da Paisaxe que dé participación a distintos estamentos sociales.
ANÁLISIS JURÍDICO: "NO REDUCE COMPETENCIAS"
La comisión contó también con la presencia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Luis Míguez Macho, quien explicó que, desde el punto de vista jurídico y habida cuenta de que la franja de costa de los 500 metros ya es de interés autonómico, el Plan del Litoral "no reduce realmente competencias a los ayuntamientos, porque en este ámbito ya las tenían limitadas". En cambio, aseguró que "si está bien hecho", el plan "aporta seguridad jurídica" porque informaría claramente a los ayuntamientos de lo que sí está permitido y lo que no.
En relación a la memoria de sostenibilidad económica, Míguez Macho argumentó que no es necesaria desde el punto de vista jurídico, porque sólo es obligatoria cuando un documento "ordena directamente actuaciones de urbanización", circunstancia que no se cumple en este caso. Con todo, sí apuntó que es "perfectamente opinable" la conveniencia o no de que el texto lleve una estimación de su impacto económico.
Preguntado por el BNG por la posible "resistencia pasiva" de los ayuntamientos para no adaptarse al POL porque sus medidas son más restrictivas, el decano de la Facultad de Derecho restó importancia a ese fenómeno porque "adapten o no su plan de ordenación, hay competencias del POL que los concellos tendrán que aplicar igual". Finalmente y ante el interés de Teresa Táboas por conocer la legalidad de la orden de prórroga anunciada a finales de abril por el conselleiro, Míguez Macho evitó pronunciarse porque "necesitaría un estudio jurídico más completo", habida cuenta de que ya no se ampara en una ley.
Ante su respuesta, Táboas alertó del posible "limbo xurídico" que se abre con el plan, "onde a petición de licencias pode derivar na adquisición de dereitos" que luego habría que compensar, y recalcó que la propuesta del POL "carece de realismo". De modo similar se pronunció la diputada del PSdeG Mar Barcón, quien advirtió de la "discutible vontade de levalo a cabo" por parte de la Xunta. Finalmente, el parlamentario del PPdeG Román Rodríguez insistió en la "obsesión" de su grupo por alcanzar "consenso" en esta materia y anunció que "no debate de emendas, faremos un esforzo por chegar a puntos de encontro co resto de forzas políticas". Aproin alerta de que si la aplicación del Plan del Litoral "se
hace mal" generará "derechos indemnizatorios" a los promotores
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