ALEGACIONES AL PLAN DE RESIDUOS
El PSdeG rechaza la construcción de la incineradora del sur
El PSdeG presentará alegaciones al Plan de Xestión de Residuos de la Xunta en las que exige al Gobierno gallego que renuncie a construir una nueva planta incineradora en el sur de Galicia. Asimismo, rechaza la presencia de socios privados en el accionariado de la Sociedade Galega de Medioambiente (Sogama), por lo que proponen la compra del 49% de la parte accionarial privada de Sogama -que pertenece en la actualidad a Gas Natural- para que pase a ser de titularidad pública y que se abra la puerta a la participación de otras administraciones públicas.
La secretaria de Medio Ambiente del PSdeG, Carmen Gallego, mantuvo una reunión con alcaldes y portavoces socialistas para debatir las alegaciones al Plan de Residuos, en las que lamentan que el PP "opte pola incineración e o vertedoiro" y proponen la creación de complejos ambientales en Lugo y Ourense -de hecho, instan a recuperar el proyecto del complejo en Carballeda de Avia (Ourense) que tenía previsto el bipartito- que cumplan los criterios de "descentralización e proximidade" y garanticen que todas las plantas de transferencia queden a menos de 37 kilómetros de los complejos de tratamiento de residuos.
Asimismo, las alegaciones del PSdeG incluyen que la planta actual de Cerceda se dedique a la valorización energética de los rechazos de todas las demás, "quedando o vertedoiro de Areosa unicamente de apoio". También exigen el cumplimiento del convenio firmado en 2008 entre Sogama y Nostián para valorizar los rechazos de Nostián en Cerceda, y, a su vez, hacer compostaje en los complejos existentes en O Morrazo, Ribadumia, Cerceda, Nostián y Barbanza.
Otra de las alegaciones socialistas reclama la implantación de la planta de pretratamiento en el vertedero de Areosa, que estaba recogida en la resolución de la autorización ambiental integrada del 30 de abril de 2008; así como el uso de la planta de Ribadumia como planta de selección de envases ligeros.
Finalmente, el PSdeG solicita que se revisen las cifras económicas del plan de la Xunta, para consensuar con los gobiernos locales los parámetros de financiación de cada administración, así como modificar algunos de los objetivos temporales y cualitativos del plan.