SERVICIOS SOCIALES
La Xunta aplaza hasta octubre la apertura en dos residencias de Sogaserso
La Xunta aplaza hasta el 1 de octubre la apertura de las residencias de la Sociedade Galega de Servicios Sociais (Sogaserso) de Monforte y Vimianzo y mantiene la entrada en funcionamiento de los otros dos centros restantes en Ourense y Viveiro para principios de noviembre.
Así lo señaló hoy en comisión parlamentaria la directora general de Dependencia y Autonomía Personal, Cora Piñeiro, durante la contestación a una pregunta oral interpuesta por el grupo parlamentario del BNG sobre la situación de las cuatro residencias de Sogaserso, ente del que la Xunta vendió a las cajas de ahorro gallegas el total de sus participaciones -49 por ciento-.
Detalló que el centro de atención diurna de alzheimer de Monforte, integrado en el proyecto residencial de la localidad lucense, abrirá antes de 2011 y condicionó la apertura de estos centros en Ourense, Vimianzo y Viveiro a la disponibilidad presupuestaria.
Por su parte, el parlamentario del BNG, Carlos Aymerich criticó a la Xunta por haber licitado una nueva convocatoria pública para la gestión de las residencias y consideró la "vía" del concurso "inadecuada", pues aseguró que la empresa adjudicataria "no va a tener posibilidad" de gestionar los servicios sociales en las instalaciones porque son edificios privados.
En contraposición, Piñeiro defendió la convocatoria del mismo procedimiento por tratarse de la "forma más ágil de tramitación administración" y para evitar mayores retrasos en la puesta en funcionamiento de los centros.
Por otro lado, la Cámara rechazó, con los votos en contra de grupo popular y a favor de los grupos socialista y nacionalista, una proposición no de ley para instar al Gobierno gallego a asumir el compromiso público de no utilizar empresas privadas con ánimo de lucro para la atención a personas drogodependientes.
Para defender la iniciativa, la socialista Carmen Acuña argumentó que las asociaciones sienten "desesperación" porque los convenios con la Xunta están "todos amenazados", algunos "suspendidos" y otros "sin renovar", y apostó por la integración de la atención sanitaria a drogodependientes en los servicios públicos de salud.
Vinculó el rechazo del grupo popular a la iniciativa con la intención por parte de la Xunta de aplicar un modelo de privatización de los servicios sociales y acusó al Ejecutivo gallego de no presentar correctamente los proyectos ante el Gobierno central para obtener subvenciones para programas de drogodependencia.
Por su parte, la parlamentaria nacionalista Ana Luisa Bouza consideró necesario que la Xunta "reasuma" sus competencias en esta materia para "liberar" a los ayuntamientos gallegos y recordó que el plan, vigente en el actualidad, estipula la integración de la atención a personas toxicómanas en los centros sanitarios públicos.
Bouza precisó que 13 de las 17 unidades asistenciales a toxicómanos están gestionadas por los ayuntamientos, por lo que acusó al PPdeG de "falta de responsabilidad".
Ángeles Díaz, del grupo popular, se mostró partidaria de la colaboración entre Xunta, administraciones locales y asociaciones, porque, dijo, "son los que conocen la realidad" y porque el "problema" de las adicciones no es una cuestión meramente sanitaria sino "sociosanitaria".
Recordó que ayuntamientos con unidades asistenciales a drogodependientes deben asumir, por convenio, las directrices del Sergas y precisó que la Xunta destinó más de 6,6 millones para la firma de convenios con 24 asociaciones de toxicómanos.
Al inicio de la sesión, los miembros de la comisión parlamentaria guardaron un minuto de silencio por la muerte de una mujer en Ponteceso, presuntamente a manos de su marido.