POLÉMICOS PEAJES
La patronal gallega denuncia ante la Comisión Europea los peajes en las autovías portuguesas
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por la nueva regulación de peajes en las autovías del norte de Portugal.
Desde el pasado 15 de octubre, los usuarios deben pagar los nuevos peajes aplicados en las autopistas del norte luso mediante un dispositivo electrónico que debe ser comprado o alquilado y cuya carga mínima es de 50 euros para vehículos de turismo y 100 para los de transporte.
Ante las repercusiones comerciales de la nueva regulación, la CEG ha emprendido diversas acciones ante las principales instituciones comunitarias para advertir de los "daños y trabas" ocasionados al tejido productivo gallego y a la sociedad en general, según ha informado hoy la Confederación por medio de un comunicado.
La organización empresarial gallega ha remitido un escrito de denuncia a la Comisión Europea, tras una primera comunicación enviada el mismo día 15, a través de la Red Europa-Empresa, en el que pone de manifiesto las dificultades que se desprenden del sistema de cobro implantado.
La CEG recuerda que el pago de los peajes se restringe a un dispositivo dinámico, imposibilitando cualquier otro medio como el pago en efectivo o a través de tarjetas de crédito. A juicio de esta organización, la información facilitada por parte de las autoridades portuguesas sobre estas modificaciones ha sido insuficiente, y los dispositivos obligatorios puestos a disposición de los usuarios en los primeros días han sido escasos.
En la denuncia se alude a la posible vulneración del marco normativo comunitario a tenor de las exenciones y descuentos de los que se benefician tan solo los ciudadanos y empresas portuguesas, una circunstancia que, según la CEG, "evidencia un trato desigualdad hacia Galicia" al contravenir el principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la libre circulación sobre el que se levanta el mercado interior europeo.
La Confederación denuncia también que la tramitación previa que requiere la adquisición de los dispositivos electrónicos de pago supone "un elemento más que entorpece este último principio". Además de esta iniciativa dirigida a la Comisión Europea, la CEG ha trasladado una queja al Parlamente Europeo, ejercitando el derecho de petición que contempla esta institución.
La organización empresarial gallega pretende recabar los máximos apoyos posibles ante las instituciones comunitarias, por lo que ha remitido sendos informes a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a su homóloga portuguesa, la Associação Industrial Portuguesa (AIP), en los que pone en su conocimiento el impacto en las relaciones transfronterizas que supondrá la entrada en vigor de la nueva normativa.