Inicia su tramitación la Lei de Comercio, que la Xunta confía en que "modernizará" el sector
Los votos a favor del grupo parlamentario popular permitieron el inicio de la tramitación de la Lei de Comercio en la Cámara autonómica, con la posición contraria de la oposición del BNG y la abstención del PSdeG. Los nacionalistas -solicitaron sin éxito la devolución de la ley- consideran que esta normativa es "un retroceso na defensa do sector comercial propio", lo que supone "a perda de 22 anos" para "dotarnos de ferramentas" en favor del sector comercial, en palabras del diputado Henrique Viéitez. Desde las filas del grupo socialista, María Quintas reprochó que la ley "defende ás grandes superficies" y recordó que la asesoría jurídica advierte sobre "conflictos de competencias", sobre que se trata de una ley "confusa" y que "non está clara".
Frente a estas tesis, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, aseguró que será la norma que "dende o diálogo modernizará a todo o sector". Cree que permite alcanzar el objetivo de "configurar unha normativa integral moderna, pioneira, actualizada e eficaz que protexa o interese xeral coa finalidade de acadar a modernización, a mellora e o desenvolvemento do sector comercial galego". A su entender, el diálogo permitirá "unha ordenación comercial en beneficio do pequeno comercio" y además será respetuos con los intereses de los consumidores.
Según la Xunta, al texto se han incorporado las alegaciones realizadas por el sector y las recomendaciones del Consello Económico e Social (CES) en relación con esta normativa que afectará a los 45.000 comerciantes gallegos, que generan 110.000 empleos y realizan una actividad que supone el 30% del tejido empresarial y el 10,12% del PIB gallego.
En el articulado del proyecto de ley se recoge la libertad para el uso del idioma en la rotulación, la creación de nuevos órganos como el Observatorio do Comercio Galego o mesas locales de comercio. También está previsto crear el Consello Galego de Comercio, en el que estará representados todos los sectores comerciales, y el Rexistro Galego de Comecio, para actualizar el censo de comercios.
La normativa también establece la necesidad de autorización autonómica en casos de incidencia supramunicipal para establecimientos individuales o colectivo que tengan una superficie útil de exposición y venta al público superior a los 2.500 metros cuadrados. Además, se regulan figuras como los centros comerciales abiertos, los outlets, las ferias de oportunidades, las promociones y las rebajas. Para outlets la ley establece una reducción mínima del precio del 30%, y para las rebajas prohíbe realizar prácticas promocionales un mes antes de la fecha de inicio de las mismas.