MEDIO AMBIENTE
Sogama aclara que no puede hacerse cargo, "ni legal ni económicamente", de los 30 trabajadores de Danigal
Sogama ha asegurado que no puede hacerse cargo, "ni legal ni económicamente", de la treintena de trabajadores que, a raíz de la automatización de la planta de clasificación de envases ligeros situada en su complejo de Cerceda, vinieron prestando servicios para la firma Danigal, llevando a cabo, en una nave propia de esta compañía, tareas de separación manual de los materiales procedentes de la recogida selectiva del contedor amarillo.
Desde Sogama aseguran que, desde el punto de vista legal, la decisión obedece al carácter público de esta sociedad, con lo que no puede asumir los sobrecostes repercutidos por las empresas subcontratistas. A todo esto debe sumarse la "delicada" situación económica de Sogama, con un déficit actual de 4.500.000 euros, derivado fundamentalmente de la caída del precio de la energía, concepto por el cual dejó de ingresar más de 8 millones en un año, así como de la morosidad, "xa histórica", de algunos de los Concellos adheridos.
En el año 2008, Sogama, con el objetivo de incrementar la eficiencia en la selección de la bolsa amarilla y aumentar la cantidad y calidad de los materiales a remitir a los centros recicladores, decide, de acuerdo con Ecoembes, mecanizar su planta. Del total del equipo adscrito inicialmente a esta instalación, la adjudicataria de la obra , Cespa, procedió a la selección de un total de 24 personas, conforme a un plan de formación previo. Las 30 restantes serían acogidas por la empresa Danigal.
En este marco, la anterior dirección de la sociedad, bajo el gobierno del bipartito, se había comprometido, basándose en un acuerdo firmado en su momento con el comité de empresa, a reubicar a estos trabajadores en una planta de pretratamiento, que se situaría en la escombrera de Areosa, y a través de la que se separaría el material férrico y aluminio procedente del residuo en masa.
La actual dirección califica esta opción de "inviable", por su elevado coste económico, estimado en su momento en 2.456.200 euros y que hoy rondaría los 3 millones, con la particularidad de que permitiría únicamente recuperar un máximo del tres por ciento de férricos y un 0,3 por ciento de aluminio. A esto, habría que sumar la "inviabilidade" del emplazamiento propuesto, ya que los terrenos en los que previsiblemente se ubicaría no reunen las condiciones técnicas y de estabilidad requeridas.
En caso de que esta alternativa no fuera factible, el acuerdo recogía la posibilidad de que los trabajadores excedentes optaran a puestos vacantes en el complejo, una vía descartada por que en la actualidad el complejo se encuentra "sobresaturado" de personal; y por las limitaciones impuestas en materia de contratación pública,.
Una vez que la nueva planta, ya automatizada, entra en operación -en octubre 2008-, Danigal continúa acogiendo una parte de los envases ligeros que, en principio, deberían ser procesados por Cespa, asumiendo Sogama el sobrecoste que esto suponía.
En agosto de 2010, Cespa, que llegó a tener su planta parada por falta de material, insta a Sogama a que desvíe a su centro automatizado los residuos de envases que venía entregando a Danigal, reclamando, en concepto de daños y perjuicios, un total de 340.971 euros. A su vez, Danigal formula una reclamación económica, estimada en más de 250.000 euros, alegando que la cantidad de material remitido por Sogama a su nave era inferior al mínimo negociado en su momento, que ascendía a 350 toneladas mensuales.
Así las cosas, Sogama manifiesta que, "lamentando profundamente" la situación de los trabajadores de Danigal, como entidad pública al servicio de la ciudadanía gallega debe cumplir "rigurosamente" con la legalidad vigente en todos los ámbitos, incluyendo el de la contratación de personal.