PARADOS

La Xunta reparte 75 millones entre concellos y organismos públicos para financiar la contratación de unos 6.400 desempleados

 Los concellos y organismos públicos podrán contratar este año a unos 6.400 parados para desarrollar obras y servicios de interés social con el objetivo de fomentar su incorporación al mercado laboral tras ampliar su experiencia y práctica profesional. Con esta pretensión, la Xunta pone en marcha a partir de febrero los nuevos planes de cooperación con las entidades locales, universidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Las ayudas a la contratación contarán con un presupuesto cercano a los 75 millones de euros para cubrir el gasto total en salarios del personal, lo que supone incrementar en 8,4 millones la cuantía de 2010, según informó el director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida.

La Administración autonómica prevé resolver la concesión de las subvenciones durante el primer semestre del año, después de que el DOG publicase hoy dos órdenes en las que se recogen las condiciones de las ayudas. Con todo, este año los organismos beneficiarios ya pueden contratar a partir del mes que viene a un máximo de dos personas desocupadas para poner en marcha proyectos de interés general y social considerados "urxentes".

Los ayuntamientos, las diputaciones y las mancomunidades serán los principales perceptores de las ayudas, ya que recibirán 50,1 millones de euros para contratar a 5.000 parados. Como novedad este año, los 61 concellos gallegos que cuentan con un Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir) podrán contratar el mes que viene "de forma inmediata e con carácter urxente" a doce trabajadores para "ter completamente operativos os grupos".

La duración de los contratos dependerá del tipo de obra y servicio subvencionado. Los más cortos se prolongarán como mínimo tres meses y se corresponden con la cobertura de plazas de socorrismo y vigilancia en las playas y piscinas municipales. La Xunta financiará los contratos por un periodo máximo de un año en caso de beneficiar a mujeres víctimas de la violencia de género o a los efectivos del Grumir. Con todo, Andrés Hermida explicó que la duración media es de entre siete y ocho meses.

Y es que, a la hora de optar a un puesto, tendrán preferencia aquellas personas que forman parte de colectivos con dificultades de inserción laboral, tales como menores de 30 años, personas con discapacidad, mujeres víctimas de malos tratos, parados de larga duración que no cobren una prestación o que tengan más de 45 años, personas que optan a su primer empleo o los beneficiarios de la Risga, siempre que estén anotados en las listas del servicio público de empleo.

El director xeral defendió que estos programas "dan un pulo importante" a los servicios sociales que prestan los concellos ante una coyuntura de crisis económica. Por eso, Hermida dijo que la Xunta "garantirá que todos os que concorren ás axudas e reúnen as condicións necesarias se poidan beneficiar" de las subvenciones.

Cada ayuntamiento recibirá una asignación mínima en función de su número de habitantes, de forma que aquellos que tengan hasta 1.000 personas censadas podrán contratar a un desempleado, hasta 2.000 a dos parados, hasta 5.000 a tres, hasta 20.000 a cuatro y el límite estará en las cinco contrataciones en municipios que superen ese número de habitantes. Al mismo tiempo, la cuantía máxima subvencinable para cada entidad será equivalente, en número de contrataciones, a 500.000 euros.

Con la intención de realizar un reparto basado en el "respecto e o equilibro territorial", una comisión aprobará los proyectos en cada provincia tras efectuar un cálculo proporcional al número de parados y la evolución del desempleo en los cuatro últimos años, e inversamente proporcional a la población.

Para seleccionar las obras y servicios a subvencionar, la Xunta aplicará un bareno para dar prioridad a aquellos en los que el 75% de los trabajadores sean parados, los que fomenten su formación y los que estén vinculados con los nuevos yacimientos de empleo -como el ocio, la cultura o la atención a la dependencia-. Como novedad, la Administración autonómica primará la puesta en marcha de oficinas municipales de información para jóvenes, mediante la contratación de menores de 30 años para realizar funciones de asesoramiento y animación.

OTROS ÓRGANOS

Con respecto a la segunda convocatoria, los planes de cooperación con las universidades y entidades sin ánimo de lucro como las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio, los organizaciones agrarias y sindicatos o las autoridades portuarias, entre muchas otras, recibirán 24,9 millones para impulsar la contratación de 1.400 personas. Un millar serán desempleados y los otros 2.00 puestos estarán cubiertos por agentes de empleo que se dedicarán a fomentar las políticas activas de empleo en cada organización.

Las asociaciones que actúan en un ámbito municipal podrán contratar a un máximo de dos personas, que serán tres si trabajan a nivel comarcal y se elevarán a 5 para la esfera provincial y 15 para la autonómica.