LUGO
La defensa de Orozco califica de "sindicato de intereses" a la asociación que denunció al alcalde por "injurias"
El alcalde de Lugo, José López Orozco, y su delegada de Urbanismo, María Novo, declararon ante el juzgado por un presunto delito de injurias denunciado por una asociación que, según el letrado que los representa, "no es más que un sindicato de intereses".
Tras una comparecencia rápida de ambos cargos públicos ante la titular del juzgado de instrucción número dos, fue uno de los abogados, Rafael Iruzubieta, el encargado de comentar ante los medios lo que había sucedido con la acción judicial promovida por la Asociación por la Defensa de la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (Alpul).
El alcalde respondió a las cuestiones planteadas por la jueza, pero "no hemos querido responder de Alpul", ha dicho el abogado, "para no entrar en una polémica de preguntas y respuestas, ante unos señores que consideramos que están actuando de una manera improcedente".
Agregó luego que las declaraciones del alcalde, ratificadas como suyas en su día por la delegada de Urbanismo, "no pueden ser nunca constitutivas de un delito de injurias, ni por asomo hubo ánimo de injuriar".
El abogado ha incidido en que la asociación que ha impulsado la querella, "revestida de un nombre pomposo", no es más que "un sindicato de intereses particulares". "Están montando todo este tinglado con el fin de desprestigiar al alcalde y defender sus propios intereses particulares", precisó.
Remarcó que los representantes de Alpul tienen terrenos en Lugo "y han querido que se les diera una calificación urbanística en las alegaciones que realizaron al Plan General, que no se les ha dado".
Partiendo de esta reflexión, ha invitado a los integrantes de la asociación a que "si están descontentos", cuando el plan sea firme, ahora pendiente de aprobación definitiva por la Xunta, "que se vayan al juzgado de lo contencioso administrativo, pero no a un juzgado penal, que no tiene ni pies ni cabeza, desde mi punto de vista".
En cuestiones urbanísticas, en los juzgados de Lugo están abiertas dos diligencias, en una de las cuales no hay imputados, pero sí se establecieron medidas cautelares de paralización de una obra y en otras las instruye el mismo juzgado número dos por un presunto delito de prevaricación, por el que tendrá que declarar la delegada de Urbanismo.
En el asunto que se comenzó a dirimir hoy, el juzgado instructor había admitido a trámite una querella interpuesta por el representante de Alpul luego de que el alcalde hubiera proferido frases como que sus representantes "escupen hacia arriba" o que tratan de "esconder sus vergüenzas", al cuestionar con declaraciones e iniciativas judiciales el PGOM de Lugo que está pendiente de aprobación definitiva por la Xunta de Galicia.
La delegada de Urbanismo, -que forma parte de la corporación municipal con voz pero sin voto mediante la Ley de Grandes Ciudades- también hizo suyas en su día estas manifestaciones.
En las diligencias judiciales se estima que los hechos que motivaron la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de injuria".