ENERGÍA
La Xunta busca el apoyo de otras comunidades para fijar una estrategia común contra la "confusa" tarificación eléctrica
La Xunta busca apoyos en otras comunidades autónomas para establecer una "estratexia consensuada común" frente a posibles abusos de las compañías eléctricas y la "mala xestión" del Gobierno central en el proceso de liberalización del sector. Según avanzó el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, "en próximos días" se reunirá con responsables de la Comunidad de Madrid para estudiar la posibilidad de establecer multas que penalicen tanto las ofertas publicitarias engañosas de las energéticas como las posibles cláusulas opresivas en las facturas de la luz. "Galicia está tratando de motivar ese debate", precisó. Por eso, ya ha iniciado contactos con Castilla y León y confía en que otras regiones se sumen a la iniciativa, al entender que "é unha situación de ámbito nacional".
Tras reunirse con representantes de las asociaciones de consumidores de Galicia, el titular de Industria denunció que existe un "incremento moi apreciable do malestar" entre los usuarios, como evidencian las 5.430 reclamaciones sobre tarificación eléctrica registradas en la comunidad sólo en el primer trimestre del año, más del doble de las 2.101 presentadas entre enero y marzo del ejercicio pasado. A su juicio, este aumento evidencia que "non hai un mercado realmente transparente" y que predomina una "situación de confusión e opacidade" como consecuencia de la política energética diseñada por el Ejecutivo central.
En este sentido, advirtió que el incremento de la factura de la luz -que experimentó una subida del 60% desde 2003 hasta hoy-, unido al desconocimiento del bono social, a la facturación por consumo estimado y al "deficiente" funcionamiento del mercado libre "está orixinando algunhas situacións críticas para algunhas familias". Además, criticó que el Ministerio de Industria no trasladase a la tarifa del segundo trimestre la caída del 9,3% en el coste de la energía y que aprovechase este abaratamiento para subir los peajes de acceso en un 10,8%, lo que "unicamente beneficia ás compañías eléctricas" y no a los consumidores, para quienes el precio se mantuvo congelado.
Ante esta situación, la Xunta ha vuelto a reclamar al departamento que dirige Miguel Sebastián que mantenga el límite de 10 kilovatios contratados para la aplicación de la tarifa de último recurso y conserve el bono social; que elimine la facturación por estimación e imponga el cobro sólo por consumo real; que active una campaña informativa y divulgativa en colaboración con las comunidades y las asociaciones de consumidores y que intente establecer un único modelo de factura eléctrica igual para todas las compañías, reivindicaciones que ya le había planteado el pasado 2 de marzo.
Ante el silencio de la Administración central, el Gobierno gallego ya ha puesto en marcha el programa 'Belenus' para proporcionar información a los ciudadanos sobre cambios en las tarifas, el contenido de los recibos o la contratación en el mercado libre. Ahora, intensificará además la investigación de los posibles abusos endureciendo las inspecciones de control en el apartado de facturaciones y en las solicitudes de la tarifa social.
El conselleiro se refirió también a la nueva normativa de consumo elaborada por su departamento -actualmente en exposición pública- como instrumento garante de protección al usuario, ya que obliga a las compañías eléctricas, en los casos de cortes o suspensiones de luz, a prestar servicio de atención e información al cliente en dos horas como máximo y les exige disponer de oficinas físicas de atención al público.