La Congregación de Hermanas del Amor de Dios recurrirá en la Audiencia
Provincial de Madrid la sentencia que la condena a indemnizar con 40.000 euros a
los padres de un ex alumno que sufrió acoso escolar cuando cursaba primaria en
uno de sus centros, situado en la localidad madrileña de Alcorcón.
En declaraciones a EFE, el representante de la entidad
religiosa José Luis García Olaskoaga ha negado que hubiese omisión o inacción
por parte del centro educativo, como indica la sentencia, dictada por el juzgado
44 de primera instancia de Madrid.
"No parece lógico que se diga que hay inactividad, se ha comunicado al
inspector de educación, hemos instado todos los procedimientos a nuestro
alcance", ha enfatizado García Olaskoaga, que pertenece al equipo de titularidad
de centros de la congregación.
Además, el colegio no ha confirmado el maltrato, pues "no hay datos reales
constatados, hechos", ni por parte de la dirección, de tutoría, ni del
profesorado, del personal de administración y servicios ni la orientadora. Según García Olaskoaga, los padres informaron de los hechos a la dirección
del centro en diciembre de 2010, y el niño salió del mismo en febrero.
El centro comunicó los hechos a la inspección de educación de la Comunidad de
Madrid, así como que se disponía a abrir un expediente informativo, según la
versión de la entidad religiosa. También ofreció a los padres que la orientadora del centro hiciese una
valoración del caso, pero aquellos "lo rechazaron".
La dirección informó al tutor, todos los profesores y personal de
administración y servicios para que estuvieran pendientes del alumno, es decir,
unos primeros pasos encaminados "a la protección" del alumno.
García Olaskoaga ha asegurado que los padres estaban es una situación de
"nerviosismo tremendo" cuando se dirigían a la dirección del centro, pero sin
relatar hechos concretos, sino con que al niño lo habían mirado mal en una fila,
que los supuestos acosadores le podrían haber roto el abrigo y robado un
monedero.
El colegio les pidió los nombres de los acosadores y ofreció el cambio de
clase, y los padres se negaron "absolutamente a todo". Sobre la grabación de conversaciones con la directora por la madre, que el
tribunal aceptó como prueba, considera García Olaskoaga que fueron de forma
"ilegal, ilícita y con animo poco constructivo".