LEY DE AGUAS
Los ayuntamientos podrán solicitar que la Xunta asuma la explotación de sus depuradoras
Galicia deberá incrementar en 10.000 los 16.000 kilómetros de colectores actuales para garantizar el servicio de saneamiento a la totalidad de los núcleos mayores de 50 habitantes.
Este es uno de los datos facilitados hoy en conferencia de prensa por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que presentó dos de las seis normas de desarrollo de la Ley de Aguas, acompañado por el presidente de Aguas de Galicia, Francisco Menéndez.
Estos textos, que la próxima semana inician la información pública y serán tratados con la Fegamp, hacen referencia al reglamento marco de la prestación del servicio de saneamiento y depuración y a la colaboración entre la administración hidráulica de Galicia y los municipios, y se suman al del Estatuto de Aguas de Galicia, ya en tramitación.
En la actualidad, hay 132 estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) en núcleos de más de 2.000 habitantes, de las que 23 las gestiona la Xunta. Otras siete se encuentran en el año de garantía del contratista y 17, en ejecución, por lo que, a finales de 2011, estarán en funcionamiento 150 estaciones.
Hernández señaló que la mayor novedad de estos textos es que las entidades locales podrán solicitar a la Xunta la explotación, lo que evitará que carencias técnicas o económicas disminuyan la eficacia del servicio.
La Consellería considera que, de las 104 estaciones explotadas por los municipios de las que se tienen datos, un 40 por ciento no alcanzan un nivel "aceptable" de explotación.
El departamento de la Xunta, aunque con carácter "excepcional", podría, de acuerdo con los textos elaborados por la Consellería, intervenir estos servicios con el objetivo de asegurar la mejor prestación.
Hernández explicó que estos decretos son los que marcarán la "hoja de ruta" de la relación de la Xunta con los Ayuntamientos en un asunto en que son éstos los que tienen la competencia.
El conselleiro resaltó la importancia del conjunto de esta iniciativa, enmarcada en la ley de Aguas, pues constituye "un salto de calidad" en la gestión integral del ciclo del agua, que permitirá cumplir con la normativa europea en este ámbito.
Subrayó que se trata de una reglamentación "adaptada a la realidad gallega" y que permitirá hacer frente a las necesidades a corto, medio y largo plazo.
El responsable de Aguas de Galicia, por su parte, resaltó la sensibilidad ambiental de la sociedad gallega sobre los vertidos sin tratamiento a los ríos y en la costa.
Menéndez recordó que el 57 por ciento de estos vertidos son producto del mal funcionamiento de las redes de saneamiento urbanas.
Los textos presentados hoy recogen también la posibilidad de obtener permiso de vertido a la red pública de saneamiento por parte de las industrias, que deberá ser otorgado por la entidad gestora, que determinará cuanto, cuando y cómo se llevará a cabo.
En caso de que estos vertidos superen ciertos límites, se obligará a depurar previamente el agua residual industrial.
En su comparecencia, informaron de que el último de los textos normativos que se prevé tramitar en 2011 será el que regule el canon del agua que, según los acuerdos firmados con los sindicatos agrarios y comunidades de usuarios, no se aplicará a los usos agrarios y ganaderos y a los pozos particulares y comunitarios.