ANTEPROYECTO LEY DE VIVIENDA
Las comunidades de propietarios podrán expropiar para garantizar obras de accesibilidad
El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda incluye la posibilidad de expropiación, un marco de regulación de viviendas protegidas y rehabilitación, mayor protección a los compradores y medidas dinamizadoras del sector inmobiliario.
La expropiación será posible en comunidades de vecinos por
motivos de ejecución de obras o implantación de instalaciones para
garantizar la accesibilidad, así como de espacios comunes o privados; o
por deterioro de la edificación.
El conselleiro de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, presentó los principales puntos del anteproyecto de la nueva Ley, que sustituirá a la aprobada en 2008. Esta nueva normativa contempla la protección de los derechos de los consumidores, para que estos conozcan claramente sus derechos, las características del inmueble que compra o arrienda y las acciones que puede realizar en caso de que no se cumplan.
Así, se delimitan los niveles de protección, que van desde una fase precontractual, la construcción, hasta la vivienda terminada, para lo que se regulará la publicidad y la documentación que deberán entregar los promotores, que se verán obligados a que la construcción se corresponda con el proyecto.
También se regulará que el pago máximo por reserva de vivienda no deberá ser más que el uno por ciento del precio, además se prohíbe imponer al comprador de la vivienda los gastos de escritura de obra nueva, división horizontal y cancelación de cargas; así como condicionar la venta de una vivienda protegida con la imposición de adquirir bienes que no están vinculados a la misma.
La nueva normativa incluye también la creación de un Registro de promotores de Galicia, cuyo objetivo es informar y lograr mayor transparencia; la inscripción será obligatoria, aunque sólo recogerá datos básicos sobre la personalidad y la solvencia del promotor, así como su historial constructor, jurídico y administrativo.
La regulación del depósito de fianzas de arrendamiento de vivienda, se incluirán también a los locales y otros predios urbanos.
El anteproyecto de la Xunta también incluirá la desgravación por alquiler, por lo que los inquilinos que la incluyan en su declaración de IRPF no están obligados a acreditar el depósito de la fianza del alquiler, una obligación que corresponde a los arrendadores.
En el caso de las viviendas protegidas, regulará su régimen jurídico, indicando su destino, ocupación, beneficiarios y las limitaciones, así como la prohibición de cualquier tipo de sobreprecio de las mismas por obras o instalación de mobiliario.
En este sentido se eliminará la distinción entre vivienda de promoción pública (VPP) y de promoción privada, quedando establecido que las primeras son las "promovidas o cualificadas por el Instituto gallego de vivienda e suelo (IGVS), sin ánimo de lucro".
Las VPP con esta nueva normativa tendrán tres nuevas categorías, la concertada, de inserción o asistenciales y en copropiedad; la primera podrán ser promovidas por promotores públicos o privados, cuyos adjudicatarios tendrán los mismos beneficios que las promovidas por el IGVS.
Mientras que las asistenciales serán promovidas por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro para colectivos específicos con necesidades de carácter social.
Las de copropiedad están dirigidas a personas que no puedan acceder a la propiedad completa de la vivienda, no menos del 60 %, estableciendo un contrato de propiedad compartida con el IGVS o cualquier administración local.
Así también se delimitará el derecho de aplazamiento de pagos, en caso de circunstancias económicas o sociales que impidan su cancelación; a esto se suma que cambiarán los periodos de protección según el tipo de vivienda y la zona geográfica.
Mientras que las viviendas de proyección autonómica (VPA) podrán ser promovidas por promotores públicos, privados o autopromotores.
Las obligaciones de los ciudadanos también estarán reguladas, así se abre la posibilidad de expropiación a viviendas de promoción pública por no ocupación, falsificación o disposición de otra vivienda protegida.
La nueva ley incluirá ajustar la reserva de suelo al tipo y al porcentaje de viviendas protegida que se demande en cada ayuntamiento, de acuerdo al Registro único de demandantes de vivienda de Galicia.
Por otra parte, también se suman medidas de dinamización del sector que incluye la creación de una bolsa de vivienda, de venta y alquiler, promovida por IGVS.
El conselleiro destacó que esta ley tiene una "vocación de permanencia, ordenada, transparente y que aporta seguridad", ya que su objetivo es establecer un "marco jurídico estable" en un sector, que a su juicio, "está pasando por serias dificultades".