MEMORIA 2010
El fiscal superior de Galicia propone reordenar el mapa judicial en Galicia
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha advertido de la "deficiencia organizativa" de la Justicia en la Comunidad y ha propuesto una reorganización del mapa judicial vinculado a las nueva organización territorial.
"Precisamos un mapa que defina una nueva geografía para la Justicia", ha afirmado Varela en la presentación de la memoria de 2010 la Fiscalía Superior de Galicia.
Durante el pasado año en Galicia se tramitaron un total de 307.287 procedimientos, un 7,4 por ciento menos que en 2009, de los que sólo el 4,48 por ciento fueron objeto de acusación fiscal y el 4,42 terminaron en sentencia.
De hecho, el 70,7 por ciento de estos procedimientos fueron archivados, lo que demuestra, en palabras del fiscal superior, el "gran desajuste" existente entre el volumen de proceso tramitados y los asuntos que llegan a juicio.
Este desequilibrio viene provocado por la obligación de la Policía de trasladar a la Justicia todos sus atestados, aunque mucho de estos procesos -más de 100.000 el pasado año- carezcan de autor conocido lo que inhabilita la actuación de la Fiscalía.
Estos problemas provocan un "desperdicio" de recursos y lastran el funcionamiento de la Justicia en Galicia, lo que se traduce en una importante demora en la gestión de la delincuencia compleja, ha precisado Varela.
Delitos medioambientales, de urbanismo, societarios o de siniestralidad laboral encajan en esta categoría de delincuencia compleja que arrastra una gran morosidad.
Ante esta situación, el fiscal superior ha propuesto una reorganización del mapa judicial gallego que delimite la matriz territorial y sustituya al tradicional partido judicial.
Así, ha abogado por proyectar espacios judiciales más amplios distribuidos en función de criterios demográficos, económicos y de estructuración del territorio -áreas metropolitanas-.
Esta reorganización permitiría optimizar el funcionamiento de la justicia en Galicia, cuyo volumen de procesos se mantiene "estable", con predominio de los delitos contra la seguridad colectiva (42,87 por ciento), entre los que se encuentran los delitos relacionados con la seguridad vial, lesiones y delitos patrimoniales.
Estos tres grupos suponen el 76,7 por ciento de los delitos cualificados por los fiscales.
Por su parte, la Justicia penal dictó en 2010 un total de 13.573 sentencias por delitos, un 3,28 por ciento menos que en 2009, de las que el 64 por ciento lo fueron por conformidad.
Por otro lado, Varela ha defendido la propuesta del Gobierno central de otorgar al fiscal la dirección de la investigaciones penales, una modificación que homologará el funcionamiento del Ministerio Público en España con el de otros países de su entorno.
No obstante, ha insistido en que esta modificación debe ir acompañada de la asignación adecuada de recursos para que el fiscal pueda realizar su labor, lo que se traduciría en la adscripción de la policía judicial al Ministerio Público.