El comité de empresa del astillero vigués Hijos de J. Barreras, en situación de concurso de acreedores, ha mostrado su desacuerdo ante una posible recalificación de los terrenos de la empresa, y ha considerado que la solución pasa por resolver el bloqueo del sistema de exenciones fiscales 'tax lease' en la UE y conseguir más carga de trabajo.
Así lo ha manifestado, en declaraciones a Efe, el presidente del comité de empresa del astillero, Sergio Gálvez, quien ha abogado por "otras soluciones" antes que "poner encima de la mesa los terrenos" de la empresa "a la primera de cambio" porque esto supone "desmantelar" Barreras.
Reconoció que este asunto ya se trató en reuniones mantenidas entre el comité y la dirección del astillero y consideró que "habiendo carga de trabajo" el problema "es menos grave de lo que algunos están diciendo".
"No entiendo que estemos hablando de vender activos de la empresa cuando la solución al problema es de ámbito político", ha manifestado Gálvez.
Además, ha afirmado que esta recalificación de los terrenos -más de 20.000 metros cuadrados en la calle Tomás Alonso- podría ser una solución si la empresa se encontrase "en una situación dramática", algo que a su juicio no sucede en estos momentos.
Asimismo, resaltó que la salida a la situación de concurso de acreedores de Barreras debe plantearse "con carga de trabajo" y que, existiendo contratos firmados para la construcción de nuevos buques, "cuanto antes se arregle la situación" en Bruselas "antes se podrá crear un clima de trabajo continuado".
Para Sergio Gálvez, la deuda que mantiene Barreras con las firmas auxiliares no se salda "desmantelando la empresa", extremo que no ve "una solución de futuro".
Por último, ha afirmado que "quien tiene que decidir la deuda de Barreras es el juez y los administradores concursales".
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado el concurso necesario del astillero a instancia de parte, tras ser solicitado por la empresa Cleaquali.
La firma, con sede en Madrid, presentó ante el citado juzgado a mediados de julio una demanda solicitando que se declarase el concurso de acreedores necesario contra el astillero, en base a las deudas contraídas con la compañía. Un día después, Barreras presentó en el juzgado un concurso voluntario de acreedores. Según el TSJG, estas dos causas "se acumularon" y el juez declaró el concurso necesario a instancia de parte.
Asimismo, el Alto Tribunal gallego explica en una nota que se han nombrado tres administradores concursales: un letrado, un economista y un acreedor.
Con el objetivo de agilizar los trámites, el juzgado ha habilitado el mes de agosto para que los administradores propuestos acepten el cargo. A partir del momento en que los administradores acepten tendrán un plazo de dos meses para presentar su informe.
Los acreedores dispondrán de un mes de plazo desde la publicación del concurso en el BOE para presentar en el juzgado o ante la administración concursal sus créditos.