CONSELLO
La ley de consumidores prevé que empresas que cometan infracciones graves no opten a subvenciones
El Gobierno gallego ha aprobado el anteproyecto de ley de personas consumidoras y usuarias, un texto que sustituirá al anterior, con veintiséis años de vigencia, y que apuesta por la mediación y el arbitraje como fórmulas para proteger los derechos de estas personas.
Contempla además potenciar el régimen sancionador, de modo que en los casos más graves las empresas pueden ser castigadas con no optar a subvenciones durante cuatro años o impedir que contraten con la administración pública.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, han presentado este proyecto legislativo en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, en la que la Xunta también ha autorizado la firma de un convenio para cofinanciar con el Gobierno inversiones por 170 millones de euros en el rural.
Núñez Feijóo ha explicado que la nueva normativa sobre personas consumidoras y usuarias, que será remitida al Parlamento, supone una apuesta de la comunidad para seguir estando a la "vanguardia" en esta materia, ya que legisla las nuevas formas de contratación, principalmente a través de Internet.
El nuevo texto establece de modo riguroso los derechos de los consumidores tanto cuando compran un producto como cuando contratan un servicio, desarrolla instrumentos administrativos eficaces como la mediación y el arbitraje para evitar pleitos y potencia el papel de las asociaciones de consumidores y de los municipios, que tendrán competencias sobre mercados y ferias ambulantes.
Guerra ha destacado que Galicia es uno de los lugares más seguros para consumir y se ha mostrado convencido de que con esta norma seguirá siendo así.
El conselleiro ha explicado que la ley se adapta a las directivas de la UE; establece el sistema de derechos de los usuarios y consumidores, entre ellos los más vulnerables, como niños, mayores o discapacitados y apuesta por fórmulas extrajudiciales para la resolución de conflictos para contribuir a evitar el colapso de la justicia.
En su opinión, se trata de una ley "concreta, novedosa y eficaz" que apuesta por hacer un mercado más transparente, mediante el control de las prácticas abusivas.
Ha señalado que las empresas sólo podrán calificar a una persona como morosa cuando haya una resolución judicial o la propia persona lo reconozca.
Además, agiliza el proceso de proceso de reclamaciones, ya que el tiempo máximo de contestación será de un mes como norma general y para aquellos que dispongan de un servicio continuado -luz, teléfono- el plazo máximo será de dos horas.
Se creará una red de alerta gallega de productos de consumo que entrará en marcha cuando haya algún problema con algún artículo.