CONSEJO DE MINISTROS
Zapatero no aprobó el reglamento de la Ley Sinde por la oposición de su Ejecutivo
Dos años de polémica han acompañado la tramitación de la ley Sinde, que hoy ha visto como el reglamento que la desarrolla se quedaba sobre la mesa en la penúltima reunión del Gobierno socialista, decisión que ha llenado de desánimo a los creadores y de alegría a los internautas.
Horas después de que el ministro en funciones de la Presidencia, Ramón Jáuregui, asegurara que el reglamento iba a ser aprobado por el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, anunciaba que, tras deliberar sobre la norma, ésta había quedado "encima de la mesa".
El presidente del Gobierno decidió que no se aprobara el reglamentodespués de escuchar la oposición, basada en razones políticas, jurídicas y técnicas, de buena parte de los miembros de su Gobierno durante el Consejo de Ministros. Lo más probable es que el desarrollo del citado reglamento quede pendiente para la próxima Legislatura.
La única defensora del reglamento fue la ministra de Cultura, González Sinde. El ministerio de Caamaño había alegado razones jurídicas para no aprobar ahora el desarrollo reglamentario de la Ley, ya que no hay motivos de urgencia para hacerlo y tampoco se pueden alegar argumentos de interés general para que lo apruebe un gobierno en funciones. Y también Industria había expuesto cuestiones técnicas para oponerse al citado desarrollo reglamentario.
APOYO DEL PP
Según Jáuregui, el PP estaba de acuerdo "absolutamente" con el reglamento de la ley Sinde, que suponía un "sistema cargado de garantías de intervención judicial para perseguir el comercio fraudulento".
Mientras tanto, la representante del PP en la Comisión para el traspaso de poderes, Soraya Sáenz de Santamaría, consideraba que el desarrollo de esta norma "tendría que haber sido más completo".
Tras conocerse la decisión del Gobierno en funciones, el PP se ha remitido a las declaraciones de Sáenz de Santamaría, que ha dicho que su partido estaba de acuerdo con la pretensión de llevar al Consejo de Ministros la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que no significa que comparta el resto de la normativa.
Aunque los periodistas han insistido en preguntar a Blanco sobre las razones de esta decisión, el portavoz ha reiterado que no podía informar sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros porque son "reservadas y secretas".
Tampoco ha querido desvelar si el reglamento irá a la próxima y última reunión del Gobierno en funciones: "Honestamente desconozco el orden del día del Consejo del 16 de diciembre".
Blanco ha negado que hayan estado pendientes durante sus deliberaciones del debate que la posible aprobación de la norma había suscitado en las redes sociales.
A pesar de ello, los internautas se atribuyen el que se haya parado la norma. Como ha indicado a Efe Víctor Domingo, responsable de la Asociación de Internautas, Mariano Rajoy tiene que recibir "el mensaje de internet" para "no incidir en el desarrollo de una ley absolutamente liberticida y anticonstitucional".
Mientras, el director de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, José Manuel Tourné, ha expresado su temor a que no haya "más intentos" por sacar adelante la ley Sinde, que considera acabada tras la decisión de hoy.
Y es que creadores por una parte e internautas por otra han defendido vehementemente durante dos años sus posturas a favor y en contra de esta ley, que permitirá el cierre de páginas web de descargas de contenidos ilegales por orden judicial.
Mientras los creadores advierten del alarmante crecimiento de la piratería -sólo dos de cada cien canciones se obtienen de forma legal en internet- los internautas alertan sobre la injerencia de esta ley en el libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de la red.
La Ley Sinde comenzó su andadura en noviembre de 2009, cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, momento mismo en el que surgieron las movilizaciones en contra de la norma.
Fue el 15 de febrero cuando el Pleno del Congreso aprobó esa disposición final con los votos a favor de PSOE, PP y CIU, en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención, después de haberla rechazado dos meses antes y rescatarla en el trámite del Senado gracias a una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU.
Pero para su puesta en funcionamiento es necesario un reglamento que la desarrolle y que el Ministerio de Cultura remitió al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, organismos consultivos que realizaron varias precisiones, algunas de las cuales fueron incluidas en el texto final que hoy no ha salido adelante.