La defensa del expresidente de Fadesa Manuel Jove ha insistido en que la compañía facilitó la "mejor información de la que disponía en cada momento" para que la tasadora CB Richard Ellis pudiera valorar los activos de la inmobiliaria gallega tras ser adquirida por Martinsa en 2006, que le reclama ahora 1.756 millones al entender que se sobrevaloraron.
Así se ha puesto de manifiesto esta mañana durante la tercera sesión de la vista oral que se celebrar en el Juzgado de lo mercantil número 1 de A Coruña, en la que se dirime si Jove y el exconsejero delegado de Fadesa, Antonio De la Morena, sobrevaloraron los activos de la compañía gallega para proceder a su venta a Martinsa, que le reclama la indemnización más alta solicitada en un proceso judicial en España.
El presidente de Martinsa-Fadesa presentó una demanda contra Jove y De la Morena por una supuesta sobrevaloración de al menos 37 activos de Fadesa en el marco de la OPA lanzada por Martinsa en 2006 por el 100 por cien de la compañía gallega y que valoraba esta última en 4.045 millones.
De acuerdo con el informe que elaboró entonces la consultora CB Richard Ellis, el valor de esos activos de los que ahora se duda rondaba los 2.700 millones.
Durante la jornada han prestado declaración varios testigos propuestos por la parte demandada, cuyo testimonio, en líneas generales, ha coincidido en señalar que los datos que se facilitaban a la tasadora eran siempre los correctos y que en ningún momento recibieron órdenes para ocultar o falsear información.
Además, se ha presentado una prueba avalada por dos peritos calígrafos que, a juicio de la defensa de Jove, acredita que Martinsa utilizó las fichas de diciembre de 2006, de antes de adquirir la inmobiliaria gallega, como base para las valoraciones de 2007, lo que demuestra que sí tenía la información.
Se trata de las fichas con datos de suelos que la nueva dirección de Fadesa, en manos ya de Martín, entregó a Tasamadrid para la fusión en junio de 2007 y que son idénticas a las utilizadas por CB Robert Ellis en diciembre de 2006.
Cinco exempleados de Martinsa-Fadesa han asegurado ante el tribunal que las citadas fichas siempre estuvieron en la empresa y que fueron utilizadas por Martín en posteriores valoraciones.
A este respecto, María Eugenia Rodríguez, exgerente de desarrollo de suelo; Javier Fariña, exdirector de desarrollo internacional; Fernando Rodríguez, exdelegado de Andalucía; Jaume González-Mila, exdirector de zona de Cataluña y Baleares y Fernando Rodríguez, exdelegado en Andalucía Oriental explicaron que el proceso de recabar información para entregar a Richard Ellis estaba organizado de forma rutinaria y en él intervenían centenares de personas que recogían en unas fichas de forma rigurosa el estado de cada activo.
Además, negaron que Jove o De la Morena participasen en modo alguno en la preparación de la información que se le remitía a la tasadora para la emisión de sus informes de valoración.
La defensa de Jove y De la Morena ha hecho hincapié en este aspecto ya que considera que hace "decaer completamente" la tesis de la demanda de que dichas personas organizaron un plan tendente a sobrevalorar los activos de Fadesa entregando datos incorrectos a la firma de tasación.
Por otro lado, los testigos confirmaron también que Javier Lacleta y Fernández de la Cueva, directivos de Martinsa, les solicitaron información detallada de todos los activos, incluyendo fotocopias de todos y cada uno de los contratos de compra de los suelos, para realizar una auditoría.
Además, el exdelegado en Andalucía Oriental hasta 2008 ha declarado que nada más tomar el control de la compañía por parte de Martinsa se celebró una reunión "capitaneada" por Fernando Martín en la que se analizaron los activos y el estado en el que se encontraban.
Frente a los argumentos de los testigos propuestos por los demandados, fuentes de Martinsa han precisado que lamentan que tras escuchar a 19 testigos de la defensa, además de a los dos demandados, todavía no se haya obtenido ninguna respuesta sobre el único asunto incluido en la demanda, que es la falsedad de los datos proporcionados en 37 activos.
Además, señalan que las declaraciones escuchadas y las pruebas documentales revisadas "evidencian que los directivos responsables de las oficinas centrales manejaban directamente y conocían a la perfección los datos de los activos, puesto que la información de valoraciones era objeto del comité de dirección", según ha asegurado hoy Verónica Pérez Ordax, uno de los testigos de la defensa.
A su juicio, este extremo contradice claramente a Jove y De la Morena cuando aseguraron que no tenían ningún conocimiento de los datos de los activos, sino que eran sólo los delegados territoriales quienes manejaban esa información, además de declarar que no era relevante.
En cuanto a las declaraciones escuchadas hasta ahora sobre el conocimiento del informe de la tasadora, Martinsa insiste en que su informe de valoración no es el objeto de la demanda porque el problema no estuvo en la valoración sino en los "datos falsos e incorrectos" que contenía la información entregada por los demandados.
En su argumentación, Martinsa-Fadesa se apoya en un estudio de la firma American Appraisal que sostiene que el valor de esos activos no era el anunciado, ya que Fadesa había ocultado que muchos de ellos se encontraban en ecosistemas, huertos o bosques.