CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno sube impuestos para recaudar 6.000 millones
El Gobierno arrancó su estrategia contra la crisis y el déficit con la aprobación de un duro paquete de medidas de ajuste, que incluye un primer recorte presupuestario de casi 9.000 millones de euros y la subida del impuesto sobre la renta.
El nuevo ejecutivo señaló que las medidas adoptadas hoy son "el inicio del inicio de unos ajustes estructurales imprescindibles para reducir el déficit y dinamizar la economía española".
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, reveló que el déficit público en 2011 será en torno al 8 por ciento del PIB, "mucho más elevado de lo que había comunicado y comprometido el anterior Gobierno" socialista, que calculaba acabar el año en un 6 por ciento.
La "mano derecha" de Rajoy dejó entender que el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no les había informado correctamente, para subrayar después que "el desfase presupuestario está ahí, con independencia de su origen", pero que "hay un gobierno dispuesto a tomar decisiones".
Entre estas, algunas que ya se habían filtrado, como la congelación un año más de los sueldos de los empleados públicos -que en 2010 lo vieron recortado en un 5 por ciento de media- o la del salario mínimo interprofesional, que actualmente es en España de 641 euros al mes, uno de los más bajos de la Unión Europea. También se ampliará la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas semanales, y se congelará la plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos.
La portavoz dijo que se aprobó un recorte de gasto de 8.900 millones de euros a través de un acuerdo de no disponibilidad de crédito que limitará el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año. El Ministerio de Fomento será el más afectado por el recorte, seguido por los de Industria, Economía y Asuntos Exteriores.
Pero la "nueva situación" creada por el déficit del 8 por ciento del PIB -"extraordinaria y no deseada", según Sáenz de Santamaría- obligará al Gobierno a adoptar también "medidas extraordinarias" y no previstas anteriormente. Así, el ejecutivo del Partido Popular, que era reacio a aumentar los impuestos, aprobó aumentar durante dos años en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las rentas de trabajo y de capital, además de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles y la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional.
Con estas medidas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que esperan recaudar más de 6.000 millones de euros, más de dos tercios de ellos por el impuesto a las rentas de trabajo. La mitad de la recaudación del IRPF tiene como destino las comunidades autónomas, mientras que la del IBI la ingresan los ayuntamientos, por lo que ha subrayado que de esta forma se está financiando la administración territorial.
La subida de las rentas del trabajo será del 0,75 % para el primer tramo; del 2 % a partir de 17.707,20 euros de base liquidable; del 3 % a partir de 33.007,20 euros; del 4 % a partir de 53.407,20; del 5 % a partir de 120.000,20; del 6 % a partir de 175.000,20; y del 7 % a partir de 300.000,20 euros, tramo que se crea nuevo para este gravamen.
En cuanto a las rentas de capital, el alza es del 2 % hasta 6.000 euros, del 4 % hasta 24.000 y del 6 % a partir de esa cifra.
La única partida que se aumentará será la relativa a las pensiones de jubilación, que se incrementarán un 1 % en 2012, lo que corresponde al aumento previsto del Índice de Precios al Consumo (IPC).
La portavoz del ejecutivo subrayó que para "proteger a los más débiles", se mantendrán ayudas como los 400 euros mensuales que reciben los desempleados que ya han agotado sus prestaciones, una cantidad introducida por el anterior gobierno socialista para paliar el impacto social de casi cinco millones de parados.
Las reacciones al "tijeretazo" anunciado hoy no han sido unánimes, y mientras desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, se felicitaba porque "los más débiles no pagarán el ajuste", desde la izquierda, el coordinador de IU, Cayo Lara, criticó que el Gobierno haya decidido, con la subida del IRPF, gravar más a los trabajadores que a las rentas de capital, sin tocar el impuesto de sociedades ni tomar medidas para reforzar la lucha contra el fraude.