El PP ha endurecido las exigencias a sus cargos públicos. Según se desprende de la ponencia de Estatutos que se presentará en el Congreso de Sevilla, el Partido Popular obligará a los aspirantes a un cargo público o a ser candidatos en una lista electoral a firmar una carta en la que se comprometen a renunciar a su cargo si están involucrados en un procedimiento judicial.
Según el texto de la ponencia, el afectado deberá comunica a la dirección del partido ese proceso judicial siempre que haya "indicios racionales de comisión de un delito", y cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública.
En esta carta también se establece la obligación de realizar una "declaración jurada" de que no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni alguna situación posible de "conflicto de intereses", en caso de resultar electo, con su persona o con los intereses privados de los que sea titular.