Las organizaciones sindicales CIG, CCOO, UGT y CSIF han hecho frente común para instar a la Xunta a retirar el anteproyecto de Ley de medidas en el empleo público, al entender que es un "ataque frontal" a los derechos de los trabajadores de la administración. Para este jueves han convocado una concentración de delegados sindicales en San Caetano y no descartan convocar una huelga.
Ante esta reacción, desde la Xunta han defendido que la propuesta realizada tiene como objeto "mejorar la eficiencia en la Administración" y garantiza que la reducción de jornada de los funcionarios -"como máximo de un tercio de su horario"- será siempre con carácter voluntario.
Así lo ha señalado el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien añadió que la regla general es que los interinos también mantendrán su jornada laboral. Asimismo, incidió en que las medidas anunciadas por el Ejecutivo gallego ya están implantadas en otras comunidades.
Por ejemplo, hizo referencia a las incapacidades temporales para señalar que ya se han adoptado medidas de regulación en Madrid, Canarias, País Vasco, La Rioja y Valencia. Según Barreiro, la propuesta gallega no toca el complemento en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional y maternidad.
Barreiro defiende que, a diferencia de otras autonomías, Galicia garantiza los salarios de los empleados públicos y aludió a la disposición del Ejecutivo gallego a consensuar las medidas con los sindicatos, siempre que ellos no renuncien a hacerlo. El director xeral recriminó a las organizaciones sindicales que no realicen propuestas al texto y "se limiten a pedir su retirada", porque -apostilló--el periodo de presentación de alegaciones ha sido ampliado.