REUNIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES
El Gobierno mantiene que la reforma laboral es constitucional, frente a las dudas de los sindicatos
El Gobierno está dispuesto a negociar para "mejorar" la reforma laboral, pero ha defendido ante los sindicatos que la norma aprobada es "equilibrada y constitucional", y además incorpora los acuerdos que ellos han alcanzado en materia de negociación colectiva. Así se lo ha transmitido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a CCOO y UGT, y a la CEOE, con los que se ha reunido este lunes.
CCOO y UGT han advertido a la ministra de que algunos puntos podrían ser inconstitucionales, lo que ha rechazado la ministra, quien ha insistido en que los cambios introducidos son para lograr empleo estable, especialmente para los jóvenes.
Tras la reunión de casi una hora y media han comparecido en rueda de prensa por separado los representantes sindicales y la ministra, mientras que la CEOE no ha hecho declaraciones.
Toxo y Méndez han explicado que han transmitido a la ministra que algunos puntos de la reforma podrían ser contrarios a la ley, por lo que sus servicios jurídicos estudian la posibilidad de denunciarlos en el Tribunal Constitucional.
UGT y CCOO dudan de que la comisión nacional consultiva de convenios colectivos pueda emitir un laudo obligatorio cuando en ella también está representada la administración.
También estudian recurrir que los empresarios con menos de 50 trabajadores puedan aplicar el nuevo contrato fijo aprobado, que establece un período de prueba de un año (frente a los 6 meses que había antes) en el que se puede despedir sin indemnización.
Para Báñez no hay ninguna inconstitucionalidad sobre el laudo porque las reglas son claras, dan seguridad jurídica y sobre todo es una solución respetuosa con los acuerdos de los agentes sociales. Asimismo, ha reiterado que es completa, equilibrada y no va contra nadie.
Los sindicatos también han pedido a la ministra que, en el trámite parlamentario de la reforma, se reponga que el trabajador despedido pueda optar por la improcedencia o por la readmisión.
Báñez ha dicho que lo estudiará porque ahora es el momento de enriquecer la reforma y de llegar a acuerdos con los agentes sociales y los partidos.
Las explicaciones de la ministra no han convencido a Méndez y Toxo que han precisado que las movilizaciones, que se iniciarán el 19 de febrero con manifestaciones en toda España, se mantienen.
Al respecto, CCOO y UGT de Madrid han anunciado que finalmente habrá una huelga general, de la que Méndez y Toxo no quieren hablar todavía.
Mientras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que la reforma supondrá a medio plazo un aumento de la competitividad y la productividad; y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que no creará empleo por sí misma, pero es una condición necesaria para ello, al tiempo que se necesita que fluya crédito, que las empresas vendan más y que se recupere el mercado.
Desde los partidos, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido que si la situación económica fuera otra también hubiera sido otra la reforma laboral, pero ha subrayado que reactivará la economía y generará empleo.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, le ha respondido que tratarán "por todos los medios" de evitar que la reforma laboral "vea la luz" porque es "la agresión más importante a los trabajadores" de la democracia.
Los presidentes autonómicos también han entrado en la polémica: la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, opina que la reforma era necesaria; los de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de La Rioja, Pedro Sanz, creen que servirá para disminuir el paro; y la de Madrid, Esperanza Aguirre, destaca que acaba con un marco franquista y anticuado.
Para la Comisión Europea algunos elementos de la norma "van en la buena dirección" para reducir la segmentación entre contratos temporales e indefinidos.
