Nuevo escándalo en torno a los Expedientes de Regulación irregulares en la Junta de Andalucía. La juez que lleva el caso, Mercedes Alaya, sospecha que el Gobierno autonómico ideó un sistema para eludir el control de las autoridades comunitarias en la cocnesión de ayudas. Según la juez, esto podría generar responsabilidades a España.
Según este mecanismo, la Junta podría conceder ayduas por encima del umbral mínimo y saltarse las exigencias de publicidad e información para aquellas ayudas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa.
Según el auto de Alaya, las ayudas de la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad" de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.