SISTEMA FINANCIERO
El Congreso aprueba la reforma financiera con amplio apoyo de la oposición
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al 'ladrillo' a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. Así lo ha anunciado en el Pleno del Congreso de los Diputados, que ha aprobado este jueves la reforma financiera con el apoyo de 303 diputados provenientes del PP, PSOE, CiU, además de la abstención de PNV.
En su intervención en el Pleno para defender la reforma financiera, el titular de Economía ha anunciado que ha elevado en 2.000 millones de euros, hasta 52.000 euros, las necesidades de saneamiento que cifró en 50.000 millones.
"Es un esfuerzo muy sustancial", avisó De Guindos, que ha defendido el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado tres de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de "medidas profundas" para afrontar la "situación de emergencia".
Una vez aprobada la reforma financiera, el ministro aclaró que esta variación se debía a que la estimación inicial tenía en cuenta la situación de los balances a junio de 2011 y que con el decreto las necesidades se actualizan a diciembre de 2011.
APOYO DE PP, PSOE Y CIU
La reforma financiera que obliga a las entidades financieras a provisionar y fijar un capital extra para afrontar el deterioro de los activos inmobiliarios ha contado con el apoyo de 303 diputados provenientes del PP, PSOE, CiU, además de la abstención de PNV.
De este modo, tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como UPyD y algunos diputados del Grupo Mixto, hasta un total de 28, han rechazado el decreto que prevé 'limpiar' los balances bancarios de activos ligados al 'ladrillo'.
De los 337 diputados presentes en la Cámara Baja en el momento de la votación de la norma, tan solo seis se abstuvieron. Además, el Congreso no aceptó que la reforma se tramite como proyecto de ley.
A pesar de ello, De Guindos ha puesto énfasis en el "amplio" consenso alcanzado, y argumentó su "satisfacción" en la imagen de cara a los mercados financieros. "La amplitud del apoyo político es una señal muy positiva", garantizó.
En este contexto, De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un "empeoramiento" de la economía y del mercado laboral ya que, para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. "Los datos son alarmantes, hablan por sí solos", enfatizó, al tiempo que aconsejó por ello acometer medidas "profundas".
En su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos volvió a avisar de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. "El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito", explicó.
CAÍDA DEL CRÉDITO
En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. "Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable", subrayó.
El ministro ha subrayado que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía. "El Gobierno actúa sobre la raíz del problema", aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades "solventes y viables".
De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del Banco Central Europeo, notificó una "cierta mejoría" tras la aprobación del decreto ley, y reiteró la intención del Ejecutivo de generar un "beneficio adicional", tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con "importantes descuentos".
El real decreto ley también recoge nuevas regulaciones sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos de las entidades que han recibido ayuda del FROB. En concreto, ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado.
El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.
COMPETENCIA AUTONÓMICA
Para evitar el rechazo nacionalista a la reforma del sector financiero, De Guindos ha garantizado la competencia autonómica sobre las fundaciones que surjan a partir de cajas de ahorro. Los grupos catalán y vasco habían condicionado su apoyo a la reforma a que el ministro aclarara lo referente a quién detentará la autoridad sobre las fundaciones especiales que se puedan crear a partir de cajas que no lleguen al 25% de las nuevas entidades.
Así, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha asegurado que este artículo incluido en el decreto "afecta al Estatuto de Gernika", ya que el Gobierno vasco tiene "competencia exclusiva" sobre las fundaciones radicadas en la región.
"Una aclaración de esto es absolutamente imprescindible para nuestro apoyo, porque nuestra posición es favorable al decreto ley, y si el Gobierno se compromete a corregir de manera nítida, clara y firme esta cuestión en un real decreto posterior o en un proyecto de ley, les daremos margen de confianza con la abstención", ha explicado.
También el portavoz de CiU Josep Sánchez Llibre ha pedido que se "clarifique que es posible, en otro real decreto, hacer desparecer ese párrafo letal para el buen gobierno de las fundaciones", que interfiere con "las competencias exclusivas en las cajas y las fundaciones" que tienen los gobiernos autonómicos.
Por su parte, el portavoz 'popular' Vicente Martínez-Pujalte ha asegurado que en el decreto "no hay ninguna intención de entrar en conflicto con el marco competencial de las comunidades ni en los estatutos de autonomía", sino sólo "dar una solución a la gobernanza alejada de cuestiones políticas de algunas entidades financieras que han cambiado su modo de actuación".
"PROBABLEMENTE TAMPOCO SERÁ SUFICIENTE"
El PSOE ha votado a favor de la reforma porque, según su portavoz Valeriano Gómez, "continúa" con lo realizado hasta la fecha, si bien ha señalado que "probablemente tampoco será suficiente", ya que "hace falta frenar el deterioro económico, la falta de crecimiento y el desempleo".
También UPN ha respaldado el decreto, si bien su portavoz, Carlos Salvador, ha reclamado que "no se queden sin sanción los que han gestionado irresponsablemente"; el diputado de FAC, Enrique Álvarez Sostres, ha pedido que el Banco de España "vigile estrechamente que el ajuste se realice sin perjudicar a familias y pymes".
Por contra, el portavoz económico de IU-ICV-CHA, Alberto Garzón, ha rechazado que los objetivos expuestos por el ministro -que fluya el crédito y acabar con la desconfianza en los activos financieros- se vayan a cumplir.
Garzón también ha avanzado que su grupo y el Grupo Mixto han presentado una petición a la Cámara baja para que se abra una "comisión de investigación que identifique las causas de la crisis financiera y a todos los que tienen que ver con la burbuja inmobiliaria".
UPyD actuará en la misma línea, solicitando la creación de una comisión de investigación y pidiendo al Gobierno que inste a la Fiscalía General que exija responsabilidades" a los gestores de las entidades bancarias quebradas, según ha indicado el portavoz económico de la formación magenta, Álvaro Anchuelo.