CONSEJO DE MINISTROS
La Sociedad Pública de Alquiler y las filiales de Loterías, entre las empresas suprimidas
Un total de 24 empresas estatales, entre las que destacan la Sociedad Pública de Alquiler y las filiales de Loterías y Apuestas del Estado, serán suprimidas y el Gobierno desinvertirá, además, en otras 8 sociedades públicas y agilizará la liquidación de otras 13 empresas.
Poner "orden en casa". Es lo que pretende el Ejecutivo con la medida aprobada este viernes durante el Consejo de Ministros y por la que se suprimirán hasta veinticuatro empresas públicas, el 17% del total.
Además, el Gobierno desinvertirá en otras ocho sociedades públicas, el 6% del total, y agilizará la liquidación de otras trece empresas. Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha indicado que a las cuarenta y cinco operaciones que afectan a sociedades mercantiles, el 32% del total, hay que añadir desinversiones de participaciones minoritarias en otras treinta y cinco empresas.
Las medidas aprobadas este viernes durante el Consejo de Ministros afectan a un total de ochenta empresas públicas, a lo que se suma la extinción o fusión de nueve fundaciones.
La portavoz ha recordado que éstas fueron algunas de las primeras medidas que encargadas al Ministerio de Presidencia y al de Hacienda y Administraciones Públicas para llevar a cabo la reestructuración del sector público.
Estas medidas buscan reorganizar, en su opinión, todo el sector público empresarial y fundacional bajo el principio de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria".
Entre las supresiones destacan la de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y de otras sociedades más pequeñas como las filiales de Loterías y Apuestas del Estado para la prestación de servicios técnicos y para abordar la privatización.
Según Sáenz de Santamaría, la supresión y reducción de la participación del Estado en las empresas supone "el primer paso" de un proceso que el Gobierno espera que se produzca de forma "idéntica" en las comunidades autónomas y corporaciones locales.
Estas cuestiones, que ya están abordando los grupos de trabajo creados para este fin, se negociarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), respectivamente.
La vicepresidenta ha recordado que en un CPFF del año 2010 las comunidades aceptaron reducir un 25% sus administraciones y que ese objetivo aún no se ha cumplido, motivo por el cual se ha retomado y está siendo examinado para adecuarlo a la actual realidad económica.
Asimismo, ha explicado que según el inventario a cierre de 2011, la Administración General del Estado contaba con 228 empresas públicas y ahora se ha operado sobre 80 sociedades.
En el caso de las comunidades, la cifra es "bastante superior" y "más aún" en los ayuntamientos, lo que arroja un total de 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios.
SE REDUCIRÁ EN 154 EL NÚMERO DE CONSEJEROS
No obstante, Sáenz de Santamaría no ha dado una cifra del ahorro que supondrá esta medida, aunque sí ha avanzado que la eliminación de las empresas reducirá en 154 el número de consejeros, lo que supondrá un ahorro de más de un millón de euros en sueldos y dietas al año.
Tampoco ha cuantificado el impacto de la medida en empleo, aunque la portavoz del Gobierno sí ha asegurado que afectará fundamentalmente al personal directivo, presidentes y consejos de administración.
"Hay empresas con más consejo de administración que personal", ha señalado antes de explicar el caso concreto de la existencia todavía de sociedades como 'Carmen, la comida de España 1992. Sociedad Anónima', una empresa creada para fomentar la dieta española. "Para esto de las comidas, como que no estamos", ha asegurado.
Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha adelantado que el Ejecutivo creará el próximo viernes un único órgano administrativo para gestionar todo el patrimonio inmobiliario del Estado, con el fin de llevar a cabo un "uso racional" de sus inmuebles.
El Estado dispone de un total de 55.000 edificios, solares y fincas rústicas, sumando los que tiene en propiedad y en alquiler. La gestión de todos estos inmuebles se dispersa en la actualidad entre distintos órganos administrativos, tanto en la Dirección General de Patrimonio como en diferentes juntas y comisiones creadas al efecto.