Los altos cargos de la Administración no aceptarán regalos que superen los "usos habituales, sociales o de cortesía", ni favores o servicios que condicionen el desarrollo de sus funciones, según figura en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El Ejecutivo ha hecho público este anteproyecto, que vio el Consejo de Ministros el pasado viernes, y ha abierto un proceso de quince días en el que los ciudadanos podrán plantear sus aportaciones a la norma.
El texto también incluye que se deberán devolver las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente en el caso de la infracciones en materia de gestión económica-presupuestaria que fijará la ley.
Asimismo, indica que cuando se reciban obsequios de "una mayor relevancia institucional, se procederá a la incorporación al patrimonio del Estado".
También se precisan en el texto los límites al derecho al acceso a la información cuando afecte a los intereses económicos y judiciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente, la igualdad de las partes en procesos judiciales, el secreto profesional y la propiedad intelectual, entre otros.