JUSTICIA
Dívar afirma que los gastos cargados al CGPJ están perfectamente justificados
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha asegurado que asumió los gastos personales de sus viajes y que los cargados a los presupuestos del órgano de gobierno de los jueces están "perfectamente" documentados y justificados.
En un comunicado difundido hoy por el Supremo, Dívar afirma que seguirá actuando con "máxima transparencia" y que pondrá a disposición de la Fiscalía la documentación sobre la supuesta malversación de fondos públicos denunciada ayer por un vocal del CGPJ.
El presidente del CGPJ y del TS ha ofrecido su "total colaboración poniendo a disposición del Ministerio Público cuanta información y documentación considere procedente".
Dívar responde así a la denuncia presentada ayer contra él ante la Fiscalía General del Estado por una supuesta malversación de fondos públicos por el vocal del órgano de gobierno de los jueces José Manuel Gómez Benítez.
En la denuncia, el vocal acusa a Dívar de haber pagado con fondos públicos, por un valor de cerca de 6.000 euros, el importe de una habitación en un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esa misma localidad, durante seis fines de semana.
Según el comunicado, los gastos cargados al CGPJ han sido tramitados "legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto".
Asimismo, Dívar afirma que desde la institución que él preside se ha facilitado en "todo momento" al vocal denunciante los documentos y justificantes que ha venido solicitado sobre los gastos de viajes del presidente y los vocales.
La presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo ha advertido también de que en "ningún momento" Gómez Benítez informó de la denuncia al órgano colegiado del que forma parte, ni utilizó los cauces previstos en las normas que regulan la organización y funcionamiento del Consejo.
Según la denuncia de Gómez Benítez, los viajes no tenían relación con actividades vinculadas a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y supusieron también el desplazamiento a Marbella de siete escoltas con unos gastos estimados en 27.000 euros.
Sin embargo, Dívar ha recalcado hoy que la decisión sobre los dispositivos de seguridad de los representantes del Poder Judicial corresponde al Ministerio de Interior y en su adopción, y ha matizado que, "no interviene, ni puede intervenir" el Consejo ni su presidente.