El PSOE impulsará mociones en todos los Ayuntamientos para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, así como para que se presente una ley de libertad y de conciencia religiosa y una revisión de los acuerdos de España con el Vaticano. Los socialistas consideran que los beneficios fiscales se han extendido en los últimos años a pisos, lonjas o garajes, entre otros.
Ésta fue la decisión que tomó la comisión permanente de la ejecutiva federal en su última reunión, en la que solicitó al responsable de política municipal que pusiera en marcha las iniciativas correspondientes de los socialistas en los plenos municipales.
El partido socialista ha preparado un documento modelo en el que se incluye una exposición de motivos para justificar esta moción. "La regla básica de un sistema fiscal justo es que todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica".
Al día de hoy, la Iglesia Católica está exenta de tributar por IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), así como también lo están las confesiones judías, protestantes y musulmanas, respaldadas en los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992).
Estos beneficios fiscales, están a su vez recogidos en la vigente Ley de Haciendas Locales, aplicables a templos y lugares de culto, así como dependencias destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa.
A este respecto, Gaspar Zarrias, secretario de ciudades y política municipal, ha precisado que el PSOE apuesta por una legislación que evite privilegios y discriminaciones y se trate a la Iglesia "como al resto de instituciones".
"Los socialistas defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que los poderes públicos puedan ejercer la solidaridad", ha remarcado el secretario de ciudades y polítical municipal del PSOE.
Del mismo modo, Zarrias ha criticado la política fiscal del Gobierno ya que, a su entender, pretende condonar las deudas "a los que defraudan" y aumentar los impuestos a los trabajadores. Ha asegurado que "fruto de esa política fiscal" es el reciente Real Decreto de Medidas Urgentes en materia presupuestaria y financiera para la corrección del déficit público, que insta a las corporaciones locales a una subida del IBI entre el 4 y el 10 por ciento.
CRÍTICAS A LA REACCIÓN DE LA IGLESIA
El dirigente socialista ha salido al paso de las declaraciones de Monseñor Rouco Varela, en el sentido de que el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica "puede afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Caritas", pidiendo a Rouco que cese en sus amenazas en nombre de la ONG ya que "son precisamente los impuestos de todos los ciudadanos los que permiten a Cáritas desarrollar la magnifica labor que hacen".
En apoyo a Zarrias, ha salido también Óscar López, secretario de Organización del PSOE, quien aprovechando la inauguración del XII Congreso Provincial en el que se elegirá nuevo secretario general del PSOE en León y la Comisión Ejecutiva General, ha remarcado que ésta medida que se pide "no va contra nadie", sino que es un esfuerzo que se le pide a la Iglesia en estos complicados momentos que vive el país.
"En España lo que iba mal, va peor y lo que iba bien lo dejan hecho unos zorros, como la sanidad y la educación" ha apuntado duramente López, que acabó remarcando que "el Gobierno del PP se basa en la mentira, la injusticia y la ineficacia".
GALLARDÓN DEFIENDE EL TRATAMIENTO FISCAL DIFERENCIADO
Por su parte, Alberto Ruíz Gallardón, ha aportado al respecto, en una entrevista realizada en la Cadena SER, que "la Iglesia Católica debe tener el mismo tratamiento fiscal diferenciado" que tienen las iglesias del resto de confesiones y las ONGs porque realizan "las mismas acciones sociales".
"Creo que es razonable que en tiempos de crisis, necesitamos el apoyo de toda la sociedad para llegar a los sectores más necesitados, que todas las organizaciones que realizan labores sociales sin ánimo de lucro tuvieran un tratamiento fiscal diferenciado", ha indicado el ministro.