SISTEMA FINANCIERO
El Gobierno admite cambios en la reforma financiera para evitar el rechazo del PSOE
El Gobierno ha accedido a que la reforma financiera se tramite en el Congreso como proyecto de ley, como había pedido la oposición, lo que ha permitido su convalidación con la abstención del PSOE y CiU, que ahora intentarán introducir enmiendas al texto.
El decreto ley con la nueva reforma financiera ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados con 178 votos a favor, los del PP, Coalición Canaria y UPN; 123 abstenciones del PSOE y CiU; y el rechazo de 28 diputados del resto de las formaciones políticas.
Sin embargo, la tramitación de la norma como proyecto de ley ha sido aprobada por la unanimidad de la Cámara baja.
El grupo socialista, que no descartaba hasta el último momento su rechazo, ha optado finalmente por la abstención, tal y como había anunciado el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante la disposición del Gobierno a que la norma se tramite como proyecto de ley.
Gracias a eso, el PSOE confía en poder eliminar la obligación de que el Estado tenga que vender antes de tres años su participación en las entidades bancarias rescatadas, para que así la desinversión se haga cuando sea oportuna, según fuentes del grupo socialista.
Una cláusula que serviría para garantizar que "ni un euro público se pierda", algo a lo que se ha comprometido el Gobierno, según ha explicado en rueda de prensa Rubalcaba.
Además, el principal partido de la oposición tratará de incluir también alguna solución para los particulares que compraron a los bancos participaciones preferentes.
CiU, por su parte, intentará que en la tramitación parlamentaria se prohíba por ley que los gestores de entidades rescatadas cobren indemnizaciones millonarias, para evitar que directivos como Aurelio Izquierdo, de Bancaja, puedan llevarse 14 millones de euros cuando dejen su cargo.
Hasta antes de la votación, entre los grupos de la oposición, sólo Coalición Canaria había mostrado su respaldo a la nueva reforma financiera por "sentido de Estado", según ha dicho la diputada Ana Oramas. A ella se ha unido en la votación el diputado de UPN, Carlos Salvador.
El real decreto convalidado hoy en el Congreso exige a las entidades españolas aumentar sus provisiones en unos 28.000 millones para cubrir el riesgo de sus activos inmobiliarios teóricamente sanos, después de que hace tres meses se obligará a atesorar unos 54.000 millones para los activos problemáticos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que en un mes se conocerán las necesidades de financiación de la banca española, aunque no será hasta finales de julio cuando concluya la auditoría del conjunto de las entidades.
En su intervención para defender la convalidación de la última reforma financiera en el Pleno del Congreso, que comenzó con retraso por las negociaciones con los diputados socialistas, De Guindos ha explicado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicará el 11 de junio las conclusiones de su estudio sobre la banca española.
En esa fecha aparecerán unas necesidades de capital del sector financiero español y una semana más tarde, aproximadamente, las dos consultoras contratadas por el Ministerio de Economía y el Banco de España para evaluar la banca española terminarán su labor.
De ese modo, a finales de junio se conocerán las necesidades de financiación del sistema financiero, aunque las auditoras que se contratarán en breve seguirán evaluando el balance de los bancos españoles para terminar su trabajo a finales de julio.
El ministro ha recordado que todas las entidades estarán obligadas a traspasar sus activos inmobiliarios a sociedades para facilitar su venta, con la excepción de los bancos nacionalizados, donde la decisión de transferirlos la tomará el Estado.
De Guindos ha anunciado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) será el que decida si los bancos nacionalizados deben crear estas sociedades inmobiliarias y, en ese caso, estarán obligados a vender al menos un 5 % de los activos cada año.
En su intervención, el titular de Economía ha justificado que el nuevo saneamiento exigido a la banca por sus activos inmobiliarios teóricamente sanos, lo que supondrá un esfuerzo de 28.000 millones, es una medida "indispensable", junto con el resto de las adoptadas por el Gobierno para superar la crisis.
Además, ha reprochado que todas las medidas financieras aprobadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no lograron despejar las dudas sobre la banca española, con un riesgo promotor próximo a 307.000 millones.
Por eso, en su opinión, era necesario aumentar las provisiones para cubrir ese riesgo inmobiliario, y no sólo sobre los activos problemáticos, lo que suponía provisionar unos 54.000 millones, sino también sobre los teóricamente sanos, sobre los que se centró la reforma financiera aprobada a principios de mayo.
Se trata de que al final el esfuerzo total de provisiones más el colchón de capital que se les exige a las entidades ronde los 137.000 millones, con lo que la cartera de riesgo promotor (307.000 millones) quedará cubierta a una media del 45 %, frente al 18 % del cierre de 2011.
Un esfuerzo importante concentrado en el tiempo, principalmente este año, y que hubiera sido menor si el saneamiento se hubiera llevado con más rotundidad hace 3 años, ha reprochado el ministro a la bancada socialista.
