AUDIENCIA NACIONAL
Dimite el consejero delegado de Bankia tras ser imputado
La Audiencia Nacional ha admitido hoy la querella de UPyD contra Bankia, BFA y sus consejeros, y ha citado como imputados al expresidente Rodrigo Rato y a más de una treintena de consejeros del grupo y de su matriz, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro Ángel Acebes.
También está imputado el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú Pons, que ha presentado su renuncia con carácter inmediato al cargo. La entidad no se plantea el nombramiento de un nuevo consejero delegado.
Verdú se incorporó oficialmente a Bankia el 16 de junio de 2011, la víspera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara el folleto de salida a Bolsa de Bankia, que dio su salto al parqué el 20 de julio de ese año.
El hasta ahora consejero delegado de la entidad era el único de los 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz BFA que seguía trabajando para la entidad después de que se anunciara su nacionalización con un respaldo de recursos públicos de 23.465 millones de euros y de que Rodrigo Rato dimitiera como presidente en favor de José Ignacio Goirigolzarri. Hasta la presentación de su renuncia este miércoles, Verdú era uno de los tres consejeros ejecutivos de Bankia, junto al propio Goirigolzarri y a José Sevilla, director general de presidencia.
También están llamados a declarar en calidad de testigos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la CNMV, Julio Segura; el representante legal de la Comisión Rectora del FROB y Francisco Celma, auditor de Deloitte Además de Rato, Olivas y Acebes, la lista de imputados incluye al ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández, entre otros.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha adoptado estas decisiones después de que Anticorrupción se pronunciara a favor de la querella presentada por UPyD contra los consejos de Bankia y BFA por estafa y otros delitos.
Los 33 consejeros están imputados por supuestos delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, por administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El Código Penal establece penas de prisión de entre 1 a 3 años por el delito de falsedad de cuentas; de 6 meses a 4 años por el delito de administración fraudulenta, una pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años por la alteración del precio y prisión de 1 a 6 años por apropiación indebida.
En un auto la Audiencia argumenta su competencia porque los delitos que se imputan "habrían producido o podrían producir una grave repercusión en la economía nacional", así como "perjuicio a una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia, al ser Bankia una entidad de suma relevancia en España".
El juez recuerda que es el cuarto mayor banco del país, con un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones y un negocio crediticio de más de 186.000 millones a cierre de 2011, por lo que su "quiebra podría desestabilizar todo el sistema financiero del país".
"La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado la suma de 19.000 millones para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización del grupo financiero", añade en el auto, contra el que cabe recurso.
Y como esa cantidad se suma a los 4.465 millones que el grupo recibió para su creación, el coste para el erario público ascendería a 23.465 millones, "sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional".
El juez ha pedido la declaración de los querellados y diversas pruebas documentales como las actas del consejo, los documentos para pedir ayuda al FROB y las operaciones desde enero de 2008 -dos años antes de la llegada de Rato- a favor de partidos, consejeros, familiares o empresas.
Además, solicita información sobre las prejubilaciones, indemnizaciones, sueldos y la salida a Bolsa o los planes de recapitalización.
En virtud del número de querellados, del interés de la investigación, y del hecho de que el demandante sea un partido, el magistrado fija una fianza para UPyD de 20.000 euros.
UPyD pidió la intervención judicial cautelar de Bankia y BFA para sustituir a los actuales gestores por un administrador. Una petición para la que el juez ha fijado una vista el próximo 23 de julio.
