PAÍS VASCO
Los exiliados vascos podrán votar, pero no en las próximas elecciones
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha comunicado la constitucionalidad de que quienes abandonaron el País Vasco o Navarra por presiones terroristas puedan votar en sus comunidades de origen. Sin embargo, dudan que la medida se apruebe antes de las próximas elecciones vascas. Para el PP se trata de un "elemento de justicia" para los afectados.
Fernández Díaz ha presentado este miércoles un informe elaborado por 20 expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que afirma la constitucionalidad de que los ciudadanos que abandonaron el País Vasco o Navarra por presión de ETA puedan votar en sus comunidades.
El titular de la cartera de Interior ha advertido que probablemente esta medida no se pueda aplicar en las próximas elecciones autonómicas vascas, que tendrán lugar en marzo de 2013. Según ha explicado el ministro, esto se debe a la voluntad del Gobierno de consensuarlo con todos los grupos parlamentarios.
Ha asegurado que la medida no tiene interés "electoralista" y que se trata de una reforma "pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". Algo que, a su entender, da "aún más legitimidad" al Gobierno para poner en marcha la modificación de la Ley Electoral.
De hecho, ha recordado que el Gobierno podría hacer uso de los instrumentos de urgencia que tiene a su alcance para tramitar la propuesta por la vía de urgencia y el PP aprobarla ejerciendo la mayoría absoluta de la que goza en las Cortes Generales. "Pero no sólo queremos ser honestos sino parecerlo", ha dejado claro.
El grupo de expertos que ha estudiado la constitucionalidad de que los ciudadanos que huyeron del País Vasco y Navarra como consecuencia de la acción de ETA puedan volver a votar en esas comunidades propone que puedan ejercer este derecho todas aquellas personas que acrediten haber vivido allí cinco años después del 15 de junio de 1977 --fecha de las primeras elecciones democráticas-- y aseguren haber abandonado el lugar por presiones terroristas.
Sin embargo, no será necesario ofrecer pruebas de dicha presión ya que, según ha declarado Fernández Díaz, la "presunción de certeza y veracidad" debe ser válida en este caso. En cualquier caso, el ministro ha asegurado que el fraude sería un porcentaje mínimo del total, y que el texto es sólo una propuesta abierta a diálogo y modificaciones.
La propuesta de los 20 expertos que han estudiado el asunto sugiere la creación de un artículo 33 bis en la LOREG por el que, quien quiera votar en el País Vasco o Navarra después de haber vivido allí durante cinco años, pueda acudir a la oficina del censo de su actual lugar de residencia y solicitar el traslado a su último domicilio en el País Vasco o Navarra, de forma que no se produciría un doble voto.
Fernández Díaz ha garantizado que el Gobierno no ha hecho ningún estudio del número de ciudadanos que podrían acogerse y ha insistido en querer "alejar" cualquier acusación de "electoralismo". "Estamos hablando de principios, lo contrario sería impresentable", ha dejado claro antes de adelantar que sólo habrá una formación política con la que no se negociará la reforma, en referencia a Amaiur.
El texto en el que se recoge la constitucionalidad de la medida considera que "sólo desde un formalismo extremo, cuya sensibilidad hacia las víctimas resulta incompatible con el debido respeto a las mismas, podría objetarse que la pérdida del derecho al sufragio en el lugar de residencia obedece exclusivamente al traslado de domicilio y, por tanto, nada hay que reparar". E insiste en que el objetivo de la propuesta es "anular las consecuencias derivadas de una situación radicalmente injusta".
LA IZQUIERDA ABERTZALE RECHAZA LA MEDIDA
Las reacciones ante esta propuesta no se han hecho esperar, y han sido muy variadas. Dentro del PP, el vicesecretario de Organización y Electoral del partido, Carlos Floriano, ha opinado que esta medida es un "elemento de justicia y un elemento razonable". Floriano ha recordado que la "voluntad" de su partido es que puedan votar aquellas personas que "sencillamente se tuvieron que ir porque estaban amenazadas".
Por su parte, el PSE-EE ha considerado que se trata de una iniciativa "loable" desde un punto de vista "moral y ético de compromiso con las víctimas". Pero al mismo tiempo han advertido que ven la aplicación de la medida "muy complicada, sobre todo, desde un análisis legal y constitucional".
Rosa Díez, portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia, también ha celebrado que el Ministerio del Interior esté tomando medidas para corregir lo que ha llamado "una anomalía democrática". Aunque, al mismo tiempo, ha subrayado la dificultad que supone acreditar que un ciudadano vasco ha abandonado la comunidad por razones relativas a su seguridad.
Asimismo, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ha considerado "muy difícil" articular el voto de los vascos exiliados. Centella ha opinado que la primera preocupación del Gobierno debería ser que esas personas pudieran volver físicamente a País Vasco y Navarra, "no sólo que pudiesen votar".
No obstante, ha asegurado que su grupo estudiará la protesta, aunque consideran que, si va a abrirse a reformas la Ley Electoral, debería hacerse para una reforma total.
La respuesta más contundente ha llegado desde la Izquierda Abertzale, que ha acusado al PP de querer "alterar el censo electoral vasco con una colonización a distancia". En un comunicado han alertado de que el Gobierno central "pretende negar a los vascos el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro, con todo tipo de artimañas legales y medidas represivas y coercitivas.
El grupo ha llamado a los ciudadanos a "actuar una vez como país" para "hacer insostenible que este tipo de apuestas fraudulentas y bananeras se abran paso a la voluntad democrática popular".