Los jueces españoles reclaman más medios para poder abordar los delitos económicos. Creen que reformas como la del Código Penal que prepara el Gobierno no resuelven el problema de la Justicia en España. Lo que se necesitan son cambios para ganar agilidad.
El representante en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio Piña, tiene claro que hacen falta medios para modernizar la Justicia. Entiende que en un momento de crisis no hay recursos, pero esta falta de partidas se puede suplir con cambios estructurales que agilicen los procesos. Pone como ejemplo la dificultad para resolver delitos económicos, un área en la que, contra lo que se podría pensar, no hay excesivas denuncias sobre corrupción o delitos fiscales. En estos casos echa de menos un cuerpo de auditores que permita investigar el camino que ha seguido el dinero.
Piña cree que no es el momento de poner en marcha reformas que compliquen la Justicia. Tampoco está de acuerdo con la reforma del CGPJ y del estatuto orgánico de jueces y magistrados, que cree que afectan a la independencia de los magistrados. Atribuye esta politización del órgano al caso Dívar. En su opinión, el Ministerio de Justicia no quiere que se le vuelva a ir de las manos, por eso pretende restar competencias al CGPJ y dejarlas en sus manos. Explica que hasta el momento, los 20 vocales del Consejo tenían dedicación exclusiva. Con la reforma, sólo la conservará el presidente, que está designado mayoritariamente por el Ministerio, lo que en su opinión le permite al Gobierno mantener más competencias.
Entre las reformas pendientes, Piña es partidario de modificar la regulación del Tribunal Constitucional para limitar sus funciones, de modo que, como establece la Constitución, sea un tribunal garante último de los derechos, que no debe entrar en el examen de hechos.